En primer lugar, es crucial descartar problemas semánticos. La palabra dolarización tiene diferentes aserciones. Por ello estableceremos que, dentro de esta discusión, al usar el aludido vocablo no nos estaremos refiriendo ni a fenómenos vinculados con el uso subterráneo de la moneda extranjera (cuando el uso del dólar es prohibido a la Velasco Alvarado, Fidel Castro o Alan García), ni a cuadros de substitución monetaria (cuando -dadas las altas expectativas de devaluación- se ofertan depósitos y préstamos en dólares; es decir, a la peruana a lo largo de los noventa). Estrictamente, aquí nos referiremos a una plena dolarización. Es decir: la desaparición de los nuevos soles y el uso de los dólares como moneda interna. Para algunos, una suerte de blasfemia. Para otros, una suerte de panacea o solución mágica.

¿Qué -en el fondo- implica esta discusión? Toda nación (o comunidad de naciones) que usa algún activo –al que los economistas denominan como dinero- como medio de cambio generalmente aceptado, depósito de valor y unidad de cuenta, establece reglas para que su oferta sea congruente con sus intereses soberanos. Es decir: que no falte, ni liquidez para hacer negocios, ni que se generen disrupciones inflacionarias, devaluatorias o crisis de balanza de pagos. Esto, en español simple, implica que la institución monetaria que se elija nos dé estabilidad, o más claramente: baja inflación (i.e.: a las tasas observadas internacionalmente en la actualidad). Esta –debe destacarse- es la responsabilidad fundamental de la institución monetaria que se escoja para tal fin. Si no la cumple, esta institución habrá fracasado con un gran costo para la nación y para su imagen comercial y financiera externa.

Establecido esto, el paso siguiente implica discriminar –grosso modo- entre los posibles modelos de institucionalidad monetaria. En esta dirección, existen dos variantes. Por un lado, están los regímenes de banca libre, en los cuales el mercado libremente determina los dineros a ser usados (opción no observada en ningún país en la actualidad, aunque cada día más cercana a ciertas formas de dinero e intermediación electrónica); y por otra, lo convencional: la denominada banca regulada. Este tipo de institución monetaria implica un monopolio –normalmente estatal- encargado de ofertar dinero. Este monopolio controla tanto la emisión de nuevo circulante cuanto la creación monetaria a través de los bancos, y por ello nos cobra un señoreaje cada vez que aceptamos como valioso un billete adicional. Esta institución –insisto- es exitosa si el país observa estabilidad sostenidamente y es un fracaso en caso contrario.

Es por ello que, si el gobierno percibe que es incapaz de implementar –por las razones que sean- un monopolio estatal -o banco central- idóneo para mantener una baja inflación, éste puede soberanamente optar cerrar el monopolio local y usar una moneda estable ofertada por otro banco central extranjero.

El primero implicaría el síndrome de la mamadera. Es decir: el gobierno perdería la capacidad de inyectar liquidez a su gusto. Nótese –en países inestables como el nuestro- esta es la regla y siempre se hace citando alguna causa noble (i.e.: para reactivarnos, pasa salvar a un Banco, etc). Así, con instituciones débiles y autonomías avasalladas -hasta en las ofertas de los candidatos presidenciales- cada nuevo gobierno puede echar a andar a la maquinita (léase: emitir dinero) para financiar sus fiestas. Con ello, al poco tiempo, se devalúa la moneda y –de esta forma- la cuenta se le pasa al pueblo vis a vis con la erosión de la imagen de la plaza. Pero hay algo más. El usar dinero de otro país implica "pagar" señoreaje por su uso. Sin embargo, algunos documentos del Congreso norteamericano, analizando la factibilidad futura de este tipo de regímenes, plantean la idea de -en el caso de naciones subdesarrolladas- devolver un estimado del aludido "pago".