Carlos M. Adrianzen Cabrera (*)

Hace ya muchos años –cuando la estabilidad monetaria del sol de oro era percibida como muy alta- los peruanos de la época, ante la relativa paridad de la moneda local y la Libra Esterlina, repetían que en Lima se estaba "a la par con Londres". Un reflejo claro de lo cómodo que resultaba vivir –en aquellos días- en una nación exportadora particularmente dotada y diversa en recursos naturales. Los tiempos han cambiado.

A inicios del tercer milenio (y desde hace más de cincuenta años), los recursos naturales no son argumentos de peso para predecir el éxito de una nación. Desde un punto de vista monetario, tampoco estamos "a la par con Londres". Estrictamente, según cifras de la Superintendencia de Bancos Peruana, el tipo de cambio entre la libra esterlina y el nuevo sol peruano es de 5.4 nuevos soles por Libra. (Esto –obviamente- como consecuencia de lo menos disciplinado de nuestra política monetaria.)

A diez años ya de las primeras acciones de estabilización, los peruanos descubrimos que, a pesar de los favorables cambios observados en el primer quinquenio de la década (y posiblemente debido a las incoherencias y señales contradictorias recibidos en el segundo y –en modo particular- a las expectativas esbozadas en lo que va de la campaña electoral), la percepción internacional del país no es tan sólida como usualmente se sostiene, al menos en los medios nacionales. Esto se refleja –por ejemplo- en el rating que la prestigiosa firma calificadora de riesgo, Moody's, da actualmente al Perú (Ba3), similar al que da a Jamaica. Resulta de lo más ilustrativo contraponer la optimista percepción -explícita en algunos discursos- de que seríamos todo un modelo de economía abierta y de mercado versus este rating. Una calificación respetada según la cual, a pesar de nuestras ínfulas de plaza emergente, sólo estaríamos a la par con... Kingston.

Si tomamos en cuenta que las ofertas electorales vigentes apuestan a la introducción masiva de subsidios (que van desde exoneraciones tributarias y arancelarias a ciertos gastos y sectores y controles de precios), de mayor protección a los sectores no competitivos (con aranceles más escalonados, una ampliación de las sobretasas arancelarias y otras barreras al comercio exterior), y menor disciplina tanto fiscal (rebajas impositivas acompañadas de presupuestos más inflados) cuanto monetaria (vía reducciones de encajes dizque "para bajar" las tasas de interés), cualquier escenario futuro del país no pinta una economía orientada a fundamentar mayor competitividad. Tampoco ayuda anticipar (como es razonable hacerlo) que resultaría poco verosímil que un Congreso variopinto –sin mayoría anticipable- se ponga de acuerdo en desarrollar tanto las acciones pendientes de privatización y reforma (ajustes micro incluidos) cuanto la denominada segunda generación de reformas (básicamente las institucionales).

Tampoco ayuda en esta dirección el quiebre de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional nueve meses atrás (por incumplir metas fiscales, quemar reservas y por postergar indefinidamente los compromisos de reforma estructural y privatización) y consecuentemente, vernos obligados a solicitar una dispensa y renegociar una carta fiscalista monitoreada cada 90 días. Toda una drástica reducción de status para la nación otrora reputada como la más agresiva reformista del hemisferio occidental.

Dada esta evidencia de manejo y de intenciones, no resultaría muy lógico anticipar que –en el futuro inmediato- nos administremos mejor y optemos por reformarnos (léase: modernizarnos) más. Los cambios previsibles se darían –ceteris paribus- en todo aquello que sea muy –pero muy- fácil de aplicar y que además resulte tan popular que incluso las tendencias políticas más extremas estuviesen dispuestas a apoyarlo.

En la última década, errores y contramarchas incluidas, nuestro país ha avanzado mucho (al menos en comparación a su pobrísima performance de los setenta y ochenta). Esto nos ha hecho sobreestimar dónde estamos y -también- perder la convicción de continuar con la modernización del país, sobretodo en estos días en los que hay que ajustarse y en los que las reestructuraciones postergadas se van materializando (ahora que los capitales externos no ingresan con la misma frecuencia de mediados de la década pasada).

No debemos seguir engañándonos. Expresiones –planteadas repetidamente por analistas externos del Perú- tales como: "que se debería promover la existencia de contrapesos entre instituciones que permitan balancear el poder" y que "el gobierno peruano debería aplicar un ritmo más vigoroso de reformas estructurales", y -además- "evitar consideraciones políticas que afecten el cronograma de las reformas", no son inocuas. Sugieren la imagen de un país cada día más lejano del Perú de principios de la década pasada y más cercano de otros casos latinoamericanos. Países no precisamente destacables por su éxito económico.

(*)Economista de USIL