En el seguimiento convencional del proceso electoral peruano de estos días resulta particularmente atractivo centrarse en lo anecdótico, en los conflictos políticos de bandos (que aparentan arrastrar pasiones proporcionales a sus semejanzas) y en la contraposición entre la continuidad de presidente Fujimori y la aparición de un "nuevo gobierno de unidad nacional" entre los diversos grupos de oposición. Pocos –muy pocos- diría, estimados cyberlectores, ponderan con el debido cuidado los no despreciables costos para el Perú de esta suerte de pandemonium electoral en el que (al menos, en lo que fue de la primera vuelta), la mayoría de los temas relevantes o no se tocaron o se tocaron con una falta de seriedad impactante.

Este ambiente, sin embargo, atonta. Esta situación se hace más evidente sí ponderamos como a lo largo de los últimos meses, semanas y días, nuestro país ha venido sufriendo el impacto negativo de un proceso electoral "ruidoso". Por "ruidos", nos referimos aquí a ése –creciente- conjunto de eventos anormales o atípicos que incluyen desde la grita destemplada de la oposición por más de tres años consecutivos, denuncias sobre falsificación de firmas en la inscripción de una agrupación, hasta la abierta subasta de propuestas de corte populista esbozadas por casi todas las agrupaciones participantes (subasta de ilusiones que por momentos parecería haber sido copiada de una contienda electoral de los años sesenta).

Este impacto negativo –subyacente y difícil de medir en términos de indicadores de corto plazo- complica la recuperación -o rebote- de la economía respecto a la recesión 1998-1999 (al postergar decisiones de inversión y de financiamiento bancario), incrementa la percepción interna del riesgo de negocios (vía el comportamiento de los costos reales del crédito doméstico) y enerva expectativas devaluatorias e inflacionarias (lo cual obliga a endurecer el manejo de corto plazo fiscal y monetario). En lenguaje sencillo: poco a poco, la inestabilidad alimentada por los ruidos de este complicado proceso electoral habría estado golpeándonos, espantando inversiones y capitales, afectando no sólo nuestro ya complicado corto plazo sino -a través de su efecto sobre los patrones de formación de capital- relegándonos por algunos años más a vivir dentro de escenarios económicos menos dinámicos y competitivos.

Frente a esta situación, de la cual ya no podemos escapar (aunque algunos no quieran verla), el gobierno nacional, las autoridades a cargo de la implementación del actual proceso electoral enfrentan una seria responsabilidad. No se debe continuar repitiendo errores. Estos "ruidos" le cuestan al pueblo peruano no sólo por lo que hoy implican sino por lo que pueda costar la reparación del daño a la imagen externa del país (y la menor captación de capitales y negocios externos asociados al lapso que tome dicha reparación). Por ello, se deben hacer los máximos esfuerzos para que no queden dudas del cumplimiento de las reglas y reduciendo al mínimo errores y obscuridades que tal vez los peruanos nos veamos obligados a pagar si se aplicasen sanciones internacionales al país.

Se dice que en política vale todo. Esto que se refleja en los diversos bandos configura un ambiente electoral oscuro e histérico. Aquí valen desde denuncias (que evidentemente dañan el perfil económico del país) hasta manipulaciones al sistema electoral. Solo valen los gritos o los silencios. No se discute el fondo y las propuestas se caracterizan por su poca seriedad. No cuadran las cifras fiscales, se crean bancos para subsidiar, se ofrecen desde generosos esquemas de protección sectorial hasta la abierta defensa del funcionamiento de mercados competitivos... Las propuestas económicas sólo serían papel... (papel que reflejaría que como pocos elementos termina evidenciando la real estatura de los candidatos)

Frente a esta suerte de caos, se dice también que es normal –en países subdesarrollados como el Perú- que la coyuntura política se superponga a cualquier criterio de manejo económico. Aquí se debe tener mucho cuidado. Ambos fenómenos se dan simultáneamente. Una crisis económica debilita casi todo, no sólo las reglas y las instituciones (partidos políticos incluidos) sino las posibilidades de crecimiento del país. Es crucial no olvidar, que un país pobre –tal como el caso del ex presidente García Pérez nos enseña gráficamente- es una fuente inagotable de frustración y una bomba de tiempo, políticamente hablando.

(*) Economista de USIL.

...regresar