Hoy por hoy, los análisis sobre el corto plazo de la economía peruana se escriben combinando un tono de incertidumbre (asociado con un proceso electoral conflictivo y oscuro) con un tono ligeramente optimista asociado con el hecho de que la actual administración peruana –para muchos observadores- habría manejado razonablemente la crisis de finales de los noventa.

La recuperación de la producción, la demanda interna, de la recaudación tributaria y una evidente mejora de la brecha en cuenta corriente contrastan este nuestro diagnostico preliminar. El hecho de que la inflación continúe convergiendo hacia tasas cercanas a niveles internacionales –a pesar de que muy pocos analistas lo destacan- refuerza la idea de que nuestro país habría manejado mejor que otros de la región (ése pobrísimo benchmark al que a los peruanos nos encanta referirnos) la retracción del influjo de capitales registrada a fines de la década pasada.

De hecho, tal como lo muestra la primera figura, a partir de 1998 el Banco Central "abandonó" –al menos temporalmente- ésa regla para mantener el dólar barato al que algunos denominaron flotación sucia, y se observó una razonable recuperación del tipo de cambio real que posibilitó un mejoramiento perceptible de la brecha externa corriente. Sin embargo no podemos olvidar que la contrapartida de este realineamiento cambiario real fue la contracción del ritmo de los influjos netos de capitales externo al país, lo cual –obviamente- no sólo encareció el dólar, redujo la demanda global y redujo también la oferta de fondos prestables (vía la contracción de las líneas de crédito del exterior) y con ello el costo real del crédito o tasa de interés. No ayudó para nada una política fiscal que mantuvo a rajatabla un presupuesto de diez billones de dólares a pesar de que la recaudación caía a un ritmo de más del 15% anualizado (en dólares corrientes).

Esta opción fiscal endureció las condiciones operativas de los negocios privados, lo cual –en un contexto en el que los requerimientos de capitalización y aprovisionamiento bancario se habían relajado significativamente- implicó la severa elevación de las tasas de interés (al apreciarse el riesgo) y las cifras contables de cartera problemática. Como resultado de ello, los bancos buscaron reducir su exposición mientras que el marco legal para quiebras y otras reestructuraciones empresariales convalidó un ambiente en el que nadie pagaba (e incluso nadie tenia que pagar) observándose un cuadro de "ruptura de la cadena de pagos" que más de un observador achacó a la autoridad monetaria a pesar de que la liquidez crecía entre dos y tres veces más que la inflación doméstica (ver figura Dos).

Como resultado de este esquema ortodoxo-a-medias en el que se habían congelado (sino desandado) las reformas estructurales de principios de la década, en el que Camisea era sucesivamente postergada y en el que las privatizaciones eran nulas, el afán estatal por seguir gastando (a pesar de que el ritmo anualizado de influjo de capitales externos era cinco veces menor al observado dos años atrás) nos llevó -a principios del 2000- a tener que reconocer que habíamos perforado la carta de intención firmada en junio de 1999 en función a las metas de déficit fiscal y a la de quema de reservas internacionales (para que el gobierno siga gastando). Como ven, razones para ser optimistas, más allá de un rebote estadístico, no habrían.