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Carlos M. Adrianzen Cabrera.
(*)

A principios de este nuevo milenio, cualquier observador externo –o simplemente cualquier interesado- en la marcha económica del Perú se encuentra actualmente con un panorama incierto.

Y es que la otrora ejemplar nación sudamericana, que a fines de los ochenta era una suerte de referencia de extremo colapso económico, de elevada pobreza y frustración social y de extremo desorden político -con letrero incluido de "sálvese quien pueda" (tal como lo refleja la altísima tasa de emigración observada por aquellos aciagos días del aprismo)- pasó, en relativamente pocos años, a ser considerada como la cenicienta (léase: El polo reformista liberal más avanzado) de América Latina.

En este ambiente, más allá de la efervescencia por las privatizaciones o por el influjo de inversiones extranjeras significativas al país (sin precedentes en la historia peruana), casi un veinte por ciento de la población registrada en extrema pobreza dejaba de estarlo en 1997. Consecuentemente, el gobernante que implementó pragmáticamente (léase: sin mayor convicción) la aplicación de las reformas de mercado fue reelecto muy auspiciosamente a mediados de los noventa. Sin embargo, sólo unos pocos años después todo este entusiasmo se desvanecía y el país ingresaba a una crisis recesiva enfocada en un a contracción severa de la inversión privada.

¿Qué pasó?. Algunos plantean que todo se debió a los demonios de la globalización (ésos tres shocks exógenos que nos golpearon sucesivamente). Otros, aluden disciplinadamente desde hace más de cincuenta años, a que el modelo liberal aplicado no nos llevaba a ningún sitio y que sus contradicciones, al final, emergieron. Mientras que otros nos señalan que –simplemente- la receta no se aplicó coherentemente. Que sólo se tomaron medidas parciales, algunas se abandonaron (léase: se introdujeron propuestas abiertamente contradictorias con la lógica de la reforma), otras y algunas otras -no pocas- nunca se aplicaron.

El objeto de estas líneas –estimado cybernauta- enfoca el cuestionarnos, a la luz de los hechos, la validez de este tercer tipo de planteamientos. Si éstos tienen algún asidero, ni el primer, ni el segundo tipo de hipótesis tendrían mayor sentido. Una receta incompleta no cura resfriados, normalmente nos lleva a severas neumonías...

Revisando lo Actuado

Una reforma estructural dirigida a construir una economía competitiva tiene en el fondo una receta sencilla. Ésta requiere desmontar distorsiones e inestabilidades que impidan el libre funcionamiento de los mercados. Es decir, requiere desactivar controles a la libertad económica individual, dadas las instituciones del país y dado un régimen monetario que asegure estabilidad nominal.

Hace unos diez años, el implementar esta tarea, sobre la base de economías subdesarrolladas y reprimidas –como lo eran la mayoría de las economías de la región a principios de los noventa- configuró la idea de que entre los especialistas se había alcanzado una suerte de consenso sobre lo que se debía hacer para reformar –léase: liberalizar- una economía de estas características.

Y es así que, a principios de la década pasada, John Williamson, uno de los más prestigiosos especialistas del planeta en temas del manejo y reforma de economías subdesarrolladas, nos plantea que finalmente la profesión económica había alcanzado una suerte de consenso sobre lo que se debía hacer. Las prescripciones de Williamson (mejor conocido como el Consenso de Washington) incluían:

  1. Desmontar un régimen de cambios múltiples y control a los flujos de capitales, unificando el mercado de divisas (grosso modo, podríamos decir que nuestro país avanzó en esta dirección);
  2. De regular los mercados y permitir el funcionamiento de la competencia (ésta es una de las áreas de mayor prioridad en función al avance de la reforma. Se requiere desmontar controles y barreras tanto de ingreso como de salida del mercado);
  3. La eliminación de barreras a la inversión extranjera directa (en algún momento tuvimos una de las legislaciones más competitivas en esta dirección. Lo que nunca tuvimos fueron instituciones sólidas y autónomas y, menos aún, un poder judicial eficiente y confiable);
  4. Implementar un régimen claro y confiable de propiedad privada (Este es uno de los puntos más débiles en la reforma peruana. Pareciera que la propaganda velasquista de los sesenta hubiese calado muy hondo. En sectores como el agro o –incluso- la minería los derechos de propiedad requieren ser aclarados);
  5. Liberalización financiera (aquí existe la necesidad de reforzar la legislación bancaria en busca de mayores exigencias de capitalización y de regulación prudencial efectiva. Asimismo, la legislación del mercado de capitales debe ser más transparente y confiable para pequeños inversionistas y para el ahorro global);
  6. Privatización de empresas estatales (podría decirse que este proceso se ha detenido casi por completo. Las opciones de concesión, por el contrario, constituyen una de las áreas más atractivas desarrolladas por el gobierno peruano recientemente);
  7. La reforma comercial (aquí, sobre la base de las acciones de liberalización de febrero de 1992, se ha implementado una serie de pisos arancelarios adicionales. Urge configurar un arancel uniforme más bajo y desmontar algunas barreras para arancelarias introducidas recientemente)
  8. La reforma fiscal. Esta reforma se consolida en tres direcciones: Disciplina fiscal (aunque el déficit observado en la última década es menor que el registrado en las cuatro décadas previas, aún los peruanos confundimos equilibrio con un déficit de 3 puntos del PBI). La redirección del gasto estatal (aquí y en materia de reestructuración del gasto fiscal, los avances son exiguos) y la reforma tributaria ( uno de los mayores logros del actual gobierno ha sido el desarrollo de las SUNAT y SUNAD entidades a cargo de la administración tributaria y arancelaria. Sin embargo, la estructura tributaria actual –repleta de perforaciones- requiere ser simplificada y optimizada buscando un impuesto uniforme o al valor agregado o a los ingresos)

 

Como esta sencilla enumeración plantea, sólo en términos de las llamadas reformas de primera generación la agenda pendiente para cualquier nuevo gobierno es realmente abultada. Podríamos decir que sólo completamos el discurso.

Un comentario Final

Es crucial ponderar que con una receta aplicada a medias –si no contradictoriamente- el país no ha avanzado mas que un limitado trecho. De mantenerse este congelamiento o reversión de la agenda reformadora el perfil no es entusiasamador. Asimismo, es importante destacar que, de las llamadas reformas institucionales o de segunda generación, la agenda pendiente estaría totalmente abierta. De ellas ni siquiera se ha hablado en lo que va del actual proceso electoral...

Como ven, no estaríamos llegando ni a la mitad del camino y ya muchos se quieren regresar.

(*) Economista de USIL.

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