La actual coyuntura económica y política del país preocupa con razón a cualquier observador externo o interno. Y supongo que a usted también estimado cyberlector. Y es que el problema de fondo detrás de lo meramente coyuntural implica que las actuales inquietudes se basan no solamente en los achaques propios de una economía que realiza una transición "a medias" hacia un sistema de mercado (i.e.: por la contracción de influjos de capitales al país, por la calidad de las carteras bancarias, por el deterioro de las cuentas fiscales, entre otros factores), sino que, de un tiempo a esta parte, ha venido enfocando un aspecto: la debilidad de las instituciones.

Nos referimos aquí a que, a la luz de abundante evidencia, ni el poder judicial, ni el poder electoral, ni otras instituciones a cargo de funciones tales como la regulación prudencial parecen estar funcionando en modo eficiente. Si algo nos han dejado como lección la sucesión de crisis globales observadas a fines de la década pasada es el que el impropio funcionamiento de las instituciones es muy caro para cualquier país en este mundo cada día mas interconectado (léase: globalizado). Cuando hay corrupción, cuando hay moral hazzard (riesgo moral) por débil supervisión bancaria, o cuando el poder judicial es poco transparente, la inversión extranjera tiende a hacerse menor y más inclinada a operaciones especulativas.

En múltiples casos ha sido muy caro el tener deficiencias institucionales graves tales como altos índices de corrupción (México, Rusia, Malasia et al), falta de transparencia (Corea del Sur, Rusia, et al), débil autonomía en instituciones tales como el Banco Central (Ecuador, Venezuela et al), falta de claridad en los derechos de propiedad privada (México, Perú, et al) o tener un pobre régimen de supervisión bancaria (Corea del Sur, Ecuador, México et al)

Estas mismas reflexiones han llevado a reconocer que sin reglas claras –o instituciones- no se pueden desarrollar economías de mercado. Uno de los supuestos claves de un sistema de mercados competitivos es la necesidad de que existan instituciones capitalistas (domésticamente endogenizadas) que garanticen la propiedad privada y la estabilidad monetaria de reglas. Sin ella no hay eficiente asignación de recursos.

Todo esto resulta claro. Los calificadores de riesgo país, los organismos internacionales, los analistas domésticos, los políticos de oposición y –de un tiempo a esta parte- hasta el propio gobierno están de acuerdo en un punto. Se necesita Institucionalizar el país. Existiendo –aparentemente- consenso lo que no quedaría muy claro son dos puntos. Primero, ¿por qué no nos habríamos institucionalizado antes? Y segundo ¿Por qué no lo hacemos de inmediato?.

La explicación de esta aparente sin razón es muy sencilla y tiene que ver –directamente- con la semántica del vocablo institución. Según el diccionario la palabra institución denota la costumbre, práctica, relación o patrón de comportamiento de cierta importancia dentro de una sociedad o comunidad. Algo así como las reglas que la gente sigue. Una institución por tanto implica, de modo evidente, la sesión de poder discrecional del gobierno frente a la costumbre o práctica aludida.

Para terminar de aclarar este punto sirve –como pocas cosas- enfocar en el diccionario el siguiente vocablo involucrado en esta líneas: el institucionalizar.

El verbo institucionalizar implica esencialmente el configurar o darle poder a una costumbre, práctica o patrón de comportamiento sociales. Implica –también- transferir el poder de una institución a otra. Sobre este último aspecto podríamos construir el significado aquí relevante: la construcción de instituciones internacionalmente aceptables para un régimen democrático de mercado.

Sí por ejemplo, estuviésemos dentro del ideal caso de Andinia una economía subdesarrollada (con instituciones poco transparentes o no-democráticas), el vocablo institucionalizar implicaría que las instituciones previamente vigentes deleguen poder a las nuevas. Pero esto, como usted presiente estimado cyberlector, es muy difícil de que se implemente a la buena de Dios porque implica el cambio de sillas. Estrictamente: la sesión de poder de un grupo a otro.

De esta forma nos resulta un poco menos oscuro el por qué de las dos anteriores interrogantes, pero –desdichadamente- no nos aclara cuál sería la forma y el costo por el cual nuestro país evolucionaría hacia instituciones económicas y de gobierno aceptables en el país y en el globo.

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