Carlos M. Adrianzen Cabrera, Economía, USIL

 La extrema polarización de puntos de vista sobre cómo se debería manejar el país es, para diversos observadores y analistas, uno de los principales problemas que hoy enfrenta el Perú.

Se dice que una primera mitad –la que respaldaría la última reelección de la actual administración- se inclina por mantener un régimen que priorice la libertad económica. Ello, a través de una economía de mercado fría e implacable. Esta opción de gobierno se estructuraría aun a costo de descuidar aspectos institucionales o de transparencia política que se irían –según sus simpatizantes- corrigiendo con el tiempo, conforme nuestra inserción global se vaya profundizando.

Se dice también que existe otra mitad de peruanos que se inclinan por la propuesta de algunas otras agrupaciones deseosas de alcanzar el poder (i.e.: la oposición tal como se le concibe estos días). Esta visión alternativa nos plantea que la libertad política es lo más (si no lo único) importante –vía elecciones e instituciones como las que observamos en los setenta y ochenta- y que el manejo económico debe ser matizado por consideraciones populares o “de rostro social”. Una suerte de economía de mercado regulada -o a medias- que, por ejemplo, protegería la producción nacional y que potenciaría el rol interventor del Estado. Este grupo sostiene además, que con los años, se iría convergiendo hacia los estándares e instituciones de una economía más abierta y más competitiva. Por décadas esta proposición –a la que podríamos bautizar como la de la industria y la democracia indefinidamente naciente- fue repetida por sucesivos y múltiples gobiernos civiles y militares.

Una forma –estimado cyberlector- de ponderar el fondo de esta aparente polarización implica reflexionar algo más sobre el contenido de la palabra libertad. Y es que ésta es la condición por la cual –dadas instituciones sociales- un individuo pueda ejercer su elección. En términos del comportamiento social, las restricciones relevantes para un individuo abarcan dos ámbitos: el económico y el político. La libertad requiere que las restricciones económicas y políticas a la elección no bloqueen la capacidad de decidir.

Esto, tanto en el ámbito económico (nadie, por consideraciones ajenas al bien común, debería tener el derecho de impedirnos ingresar a un mercado o imponernos una carga discriminatoria para beneficiar a otros), como el político (se requieren administraciones judiciales y electorales eficientes y creíbles). No existe, por tanto, una libertad a medias. Simplemente, los términos libertad económica o política a secas carecen de sentido.

En el caso de una economía de mercado -orientada a desarrollar competitividades- el rol de las instituciones que perfeccionen derechos y obligaciones es crítico. Sin propiedad privada no existen mercados competitivos. Sin contratos claros o elecciones creíbles (que hagan aceptables las reglas de un gobierno), igual. No existe plena libertad económica sin libertad política creíble. Por ello (y adicionalmente a las múltiples distorsiones y controles introducidos desde mediados de la década pasada) es más que generoso calificar a la actual administración como una que prioriza la libertad económica.

Asimismo, lo opuesto también vale. Desconfiemos cuando alguien nos habla de libertad y al mismo tiempo quiere vendernos la idea de restringir la capacidad de comprar alimentos o ropa más barata –o de mejor calidad- en el exterior (i.e.: vía cargas arancelarias o prohibiciones de importación). Una prohibición arbitraria coacta nuestra libertad, usualmente para beneficiar algún lobby que financia a algún vehemente defensor de la libertad política. Cuando alguien nos plantea algo más de inflación -dizque para reactivar la economía- no nos dice cómo esta mayor inflación coacta nuestra libertad erosionando nuestro derecho a tener precios estables, señales cruciales para operar eficientemente en cualquier sociedad moderna.

Tampoco nos dice que la inflación es –usualmente- el mecanismo más comúnmente usado para socializar pérdidas en naciones subdesarrolladas que se autodenominan democráticas y operan sistemáticamente en contra del bien común y de la libertad económica individual, protegiendo a determinados grupos y bloqueando el desarrollo de los mercados y las oportunidades del resto. Cuando un individuo es muy pobre y poco educado, tiene muy pocas elecciones que hacer. Aquí también sucede lo opuesto: no es posible la libertad política sin plena libertad económica.

Pero ya que los dos polos aludidos venden propuestas inconsistentes -y acomodables- entonces ¿qué se esconde detrás de este aparente –pero inexistente-antagonismo?.

Se esconde, estimado cyberlector, lo de siempre. Verdades a medias, intereses grupales y similitudes fundamentales entre grupos que intercambian los discursos (de dizque libertad económica o política), pero que actúan de manera similar. Como dos gotas de agua. En el fondo, ello sólo evidencia bandos deseosos de mantenerse en el poder –o acceder a él- en un país con instituciones débiles. Algo usualmente muy rentable para los incumbentes. Dicho sea de paso, individuos muy hábiles –al menos- para vendernos las promesas de alguno de los aparentes polos, pero extremadamente ineptos para gerenciar el desarrollo de un país pobre como el nuestro.