Dentro de este cuadro de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica, en las últimas semanas los peruanos hemos estado pendientes de cuáles serían los próximos pasos del actual gobierno. Si bien la base postelectoral (económica y política) resultaba difícil de anticipar, existían esperanzas. A pesar de que la retórica electoral oficialista distaba mucho de despertar mayores entusiasmos, muchos observadores anticipaban que la tercera administración fujimorista iría a retomar el cambio de rumbo iniciado a inicios de los noventa (y ostensiblemente abandonado desde mediados de la década pasada).

Las primeras señales de definición -o indefinición?- estarían actualmente en proceso. En los últimos días el gobierno ha enviado al Congreso algunas señales bajo la forma de proyectos legislativos. Algunos de estos, por ejemplo, enfocan inoportunas racionalizaciones tributarias a la minería. Nos referimos aquí a la virtual eliminación la exoneración del pago del impuesto a la renta (en el caso de que las utilidades sean reinvertidas) para el sector minero sí que ha generado un revuelo. No sólo el sector beneficiado ha puesto el grito en el cielo. Incluso los gremios que pocos días atrás protestaban por el tratamiento diferencial a la minería, ahora se quedan congelados. Han comenzado a perder la ilusión de que ellos también puedan recibir en el futuro esta suerte de subsidio. Y es que se trata de una medida popular...

En un país en donde las cargas tributarias son abundantes y superpuestas (así como las perforaciones legales a éstas), donde la presión tributaria bordea el 16% del PBI (y más del 20% de los estimados del Ingreso Nacional), y donde el comportamiento del tipo de cambio -desalineado hacia abajo- y las tasas de interés reales -al alza-reducen competitividades sectoriales, la idea de recibir este beneficio cuando se reinvierten las utilidades es una de las propuestas de política económica más fáciles de aplicar y más apetecidas por los gremios.