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Carlos M. Adrianzen Cabrera, Economía, USIL

Esta semana nos interesa enfocar el comportamiento macro de la economía peruana. Es decir, muy estimado cyberlector, cómo van los niveles de actividad económica del país (i.e.: el empleo, el PBI, la inversión, la inflación, las cuentas del gobierno, etc.), y cuáles serían los factores subyacentes a su evolución actual.

Como punto de partida en esta digresión podría decir que, desde un punto de vista macro, las cifras disponibles a fines de mes configuran una economía en proceso de parsimoniosa recuperación. Esta recuperación –hasta la fecha- se da como mayormente un rebote estadístico. Es decir, en comparación a las cifras registradas el año pasado, cuando la producción agregada creció en 1.8%, la demanda interna se contrajo en –1.1% y la inversión privada bruta cayó pronunciadamente (-19%). En términos reales y en lo que va del año, se vendría configurando un crecimiento real anualizado –pasivo- del orden del 4.1%. Escenario dentro del cual la inversión privada sólo se recuperaría parcialmente (cerca del 8%) y en el que serían las exportaciones el componente con mayor dinamismo (9%) en la demanda agregada. El gran reto de los próximos meses resulta –evidentemente- introducir condiciones atractivas y sostenibles para la inversión privada, y no como algunos creen, aplicar incentivos que artificialmente eleven rentabilidades privadas en ciertos sectores.

Así pues, desde un punto de vista sectorial, las actividades líderes serían la manufactura (4.5%), servicios (3.7%), pesca (25.2%) y minería (6.1%). En un lenguaje menos aburrido, crecen los sectores que rebotan.

Nótese bien que éste sería un escenario un tanto definido para el año, dado que ya existen cifras preliminares sobre ofertas sectoriales (y dada la estacionalidad característica de la producción nacional); cuanto que, aún asumiendo un impacto positivo -y rápido- por las medidas recientemente ofertadas por el Presidente de la Republica, los efectos reactivadores de éstas no serían anticipables hasta el segundo trimestre del 2001. Esta previsión, sin embargo, no es ajena a desarrollos críticos en dos áreas.

Algunos cabos sueltos...

En lo que resta del año el lado fiscal deberá evolucionar hacia un resultado económico más cercano al equilibrio. Y esto solamente para alcanzar un nivel deficitario aceptable. Léase de alrededor del 2% del PBI. Sin embargo, teniendo en cuenta la también marcada estacionalidad de las finanzas públicas (i.e.: que se gasta más y se recauda menos en el segundo semestre), esta tarea sólo sería alcanzable dentro de un cuadro de marcada disciplina fiscal. Léase: si los nuevos administradores controlan la caja. Toda una lucha frontal contra la burocracia.

A pesar que la nueva administración del portafolio de economía y finanzas contaría con la determinación y el expertise para alcanzar este objetivo, resulta fundamental destacar que los efectos negativos de no reducir el actual patrón de desequilibrio fiscal podrían alterar impredeciblemente esta previsión de crecimiento. Esto –sencillamente- debido a los previsibles efectos negativos, de arrastrar un déficit fiscal mayor al 3%, sobre las tasas de interés, el stock de reservas internacionales netas, el tamaño de la demanda interna y la reactivación de mayores expectativas devaluatorias.

Paralelamente, la responsabilidad que recae sobre el manejo monetario no es marginal. No debe ignorarse que si se insistiese en reducciones adicionales del encaje –mientras la brecha fiscal se mantenga pronunciada- no sólo tendrían un efecto reactivador poco significativo sobre los negocios, el empleo y la producción, sino que sus efectos validadores de expectativas devaluatorias podrían retroalimentar mayores alzas en los intereses bancarios, presionando contractivamente a la demanda interna. Asimismo, esta posibilidad –i.e.: tipos de cambio y tasa de interés ambos más altos en términos reales- deterioraría y desincentivaría los procesos de reestructuración patrimonial bancaria y no-bancaria en proceso. Asimismo, debe destacarse que la disciplina monetaria, al facilitar el cierre de la brecha en la cuenta corriente externa, reduce nuestra vulnerabilidad externa, y desempeña un rol crucial para inyectar credibilidad en la estabilidad macroeconómica de la plaza. En otras palabras, sí el gobierno es capaz de mantener un manejo monetario autónomo y predecible o sí evolucionaríamos –una vez más- hacia atrás.

Sobre lo anterior, dos aspectos, esbozados en las presentaciones presidenciales de los últimos días, podrían desempeñar un rol significativo. El primero, focaliza la posibilidad de que se implementen procesos de concesión y privatización en escala significativa y a un plazo relativamente corto. Muchos analistas aún están esperando señales claras en esta dirección. Esta eventualidad haría más creíble la recuperación –de corto plazo- de la inversión privada.

El segundo aspecto, y para muchos el más inquietante, enfoca otras acciones de reforma (o anti-reforma) a ser conocidas en los próximos días. En esta dirección, acciones que retomen reformas abandonadas de primera generación (i.e.: un arancel flat), implementes cambios institucionales (reformas de segunda generación) o el dejen en el olvido ciertas ofertas de corte dirigista o populista (i.e.: las ofertas de mayores incentivos tributarios), podrían también facilitar que la inversión privada en el país se recupere del letargo observado desde 1998. En esta dirección, estimado cyberlector, las señales no resultan aún muy cristalinas.


 

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