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Posiblemente,
debido a lo llamativo de este título, más de uno de ustedes,
muy estimados cyberlectores, puede estar preguntándose
si me convertí a alguna secta o si es que ingresé a ésa ya
larga colección de analistas peruanos que –al
ponderar la extrema incertidumbre de los actuales panoramas
político y económico de la nación- todo lo ven
color de hormiga y que ya sólo les falta no salir a la calle
(cuando
no están haciendo la cola buscando la “visa para un sueño”).
Siento
decepcionarlos, pero no es el caso.
Aún
parece poco verosímil que la economía peruana regrese al
“Futuro Diferente” de los apristas (quizás
por que el aludido gobierno podría ser difícilmente
superable en términos de incompetencia económica);
así como que, para este columnista, el “Sur” o el
“Norte” no sólo son categorías geográficas (con
realidades económicas incorporadas). Alguno de sus
significados se lleva puesto, y tiene que ver con las
actitudes y stock de capital humano de cada cual.
Ajustando
estos cabos les contaré que el título de este artículo
enfoca destacar la importancia de un decreto legislativo de
urgencia (ésas
leyes que se sueltan en éstos días de alta incertidumbre).
Se
trata del dispositivo por el cual el gobierno peruano decide
hacer frente al problema de los denominados “bonos” de
reforma agraria.
¿Y
qué es esto? ¿Qué tiene que ver conmigo?
El
asunto se refiere a un esquema de corrección a un viejo
problema. Y nos refiere a cambiar bonos sin valor -o
sin otro uso relevante muy distinto al de empapelar paredes-
hacia otros bonos[i]
que se asume tendrían algún valor. Como se ha dicho, estos
papeles, herencia legalmente ininteligible de un proceso de
reforma agraria abiertamente confiscatoria, tenían -como
instrumento financiero- hasta hace pocos días, un
valor virtualmente inexistente[ii].
A partir de la publicación de este dispositivo –y
de su reglamentación (sí alguna vez se da)-
ahora[iii]
podrán ser intercambiados por Bonos de Reestructuración
Empresarial y realizados a su precio de mercado; o ser
empleados para comprar activos en privatización; o ser
utilizados como instrumentos de deducción tributaria; o ser
usados para comprar terrenos eriazos.
El
trasfondo de este dispositivo es muy sencillo. A ciertos
ciudadanos peruanos, a los que, hace alrededor de treinta años,
el gobierno de facto del General Velasco y sus
asociados –administración
también reputada por su alta corrupción e ineptitud-
les expropiaron sus propiedades (i.e.:
fundos) y a quienes se les canceló con
instrumentos carentes de valor comercial. La viveza criolla en
una de sus más penosas interpretaciones: el socialismo a
medias.
Desde
entonces todos estábamos de acuerdo en que esto era algo muy
–pero
muy- parecido a un robo, pero nadie hacia nada. ¡Welcome
to Perú¡ podríamos decir...
Y
así fue que el actual gobierno –vía
este decreto de urgencia- permitiría que estos
compatriotas (por
años especie de ciudadanos de segunda), recuperen
una parte del patrimonio del que fueron despojados “legalmente”.
Algo
muy parecido a que a usted, estimado lector, viviendo en una
nación tan lejana como institucionalmente débil, alguna
administración de ése país mañana más tarde, le
expropiase su casa (o
alguna propiedad) y le “pagase” con papeles
carentes de valor. Y que luego, tres décadas después o tres
décadas de soportar gobiernos pusilánimes y cómplices del
robo –si
todavía usted hubiese optado por quedarse-, alguna
nueva administración se animase a reconocer el problema y
ofrecerle un esquema de corrección parcial de este abuso.
Esta
es justamente historia detrás del problema. Ahora bien, si
tratásemos de responder la segunda pregunta planteada párrafos
atrás, encontraríamos que obviamente –si
usted vive en el país del indómito inca- esta
situación lo afectó frontalmente porque la ausencia de
derechos de propiedad en el agro empobreció a millones de
personas en el agro y fuera de él[iv].
Y quizás también hizo que más de uno de nosotros lea este
complicado –de
leer- artículo desde algún otro país, lejos y
cansado.
Las
Reacciones
Pero,
aunque esto le parezca increíble, esta medida sí que ha
generado críticas amargas...
Y
es que el hacer esto en un país donde el éxito empresarial (basado
en el esfuerzo privado o en el ahorro) está mal
por definición. Por ello, se nos dice que, hacer esto -¡Cuando
habrían tantas necesidades pendientes de ser resueltas por el
estado peruano¡- es una suerte de pecado.
Pero:
¡Qué peligroso resulta esto! ¡Qué mal precedente!...
Y
lo que sería peor: si se percibe que los derechos de
propiedad privada en el Perú son nuevamente respetados, hasta
la inversión privada –la
de los nacionales y de los extranjeros (me refiero aquí a
muchos de ustedes que viven en el exterior sí algún día
quisiesen regresar a hacer negocios en la vieja casa)-
puede regresar y reverdecer el agro nacional.
Pero
aquí estaría el quid del asunto: esto sí que sería
el fin de los tiempos. Al menos, el fin de tiempos en los que
sólo florece la minoría que –desde
hace cuarenta años- vive (léase:
medra) administrando o recibiendo subsidios
arancelarios, crediticios y tributarios, en uno de los agros más
atrasados, empobrecidos y parcelizados del globo.
Y
como ven, éste decreto podría terminar convirtiéndose en sólo
el primer paso...
[I]
I.e.: los Bonos de Reestructuración Empresarial, de los
cuales -dicho sea de paso- no se habría emitido un solo
ejemplar a la fecha.
[II]
Configurando así una suerte de robo explícito.
[III]
Y sobre la base del valor expropiado en dólares americanos y
actualizado a una tasa de interés relativamente baja.
[IV]
Es decir: deprimiendo gravemente la inversión privada en
el agro se lograba, un poquito de ineficiencia, más un poco
de corrupción, más un poco más de pobreza. |
