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Después
de los sucesos de recurrente inestabilidad política y de
corrupción que ensombrecieron el panorama nacional en los últimos
meses, para la mayoría de los peruanos la asunción al poder
de una nueva administración liderada por el presidente del
Congreso, el jurista Valentín Paniagua, implicó una
excelente y prometedora noticia. Más allá de este desenlace,
sin embargo, existen interrogantes que sería fundamental ir
aclarando en los días venideros.
De
este gobierno de transición -y a pesar de los pocos días
que ha contado para configurarse- muchos esperan
maravillas. Pareciera que los peruanos prefiriéramos
olvidarnos que desde hace varios años no sembramos casi nada
(en términos de reformas y modernización económica).
Otros
–en cambio- anticipan que más bien la agenda de la
administración paniaguista no puede escapar del declive de la
segunda mitad de los noventa y por ello deberá ser mucho más
estrecha. Para estos últimos, la tarea, dentro de lo próximos
–largos- nueve meses, implica básicamente que la
nación recupere su institucionalidad democrática (al
menos la estrictamente formal) y que muestre capacidad
para administrar un proceso electoral impecable. Más allá de
esto, lo usual es que se tienda a subestimar el “resto” de
la responsabilidad del nuevo gobierno: el manejo de una
coyuntura y tendencias económicas inquietantes. Esta
subestimación puede resultar muy cara para la nación.
Es
menester no olvidar que se asume el control de la nación
luego de casi dos años de creciente incertidumbre política
–incluyendo aquí un proceso electoral turbio y repleto
de propuestas demagógicas- y de más de cinco años de
congelamiento –cuando no reversión- de las reformas
estructurales y de las privatizaciones.
Aquí,
estimados cyberlectores (y a riesgo de ser percibido como
otro lúgubre economista más), los problemas a gerenciar
ni son pocos, ni guardan una escala a la que podríamos
denominar como moderada o manejable. Consumida la mayoría e
las “joyitas de la familia” (producto de las
privatizaciones), los recursos con los que se cuentan para
suavizar los ajustes pendientes tampoco son abundantes. Por
ello, los márgenes de acción son muy estrechos.
Por
un lado tenemos un severo déficit fiscal (que amenaza la
estabilidad económica alcanzada en los últimos años)
asociado al colapso de la inversión privada (reflejo del
desmantelamiento de las reformas estructurales y de la
continua postergación de las privatizaciones) y por otro,
la acumulación de una suerte de “bola de nieve” de
cuadros de reestructuración micro –fusiones,
adquisiciones y quiebras empresariales- pendientes de
materializarse, configuran un panorama económico muy espinoso.
Estos
tres factores, implican no sólo la necesidad de que el
gobierno de transición tenga que hacer gala de
responsabilidad y visión –léase de austeridad y respeto
a las autonomías institucionales- en su manejo fiscal y
monetario, y que, adicionalmente tenga la determinación de
priorizar salidas de mercado en un contexto en el que muchos
agentes quebrados o no competitivos (léase: en proceso de
quiebra), presionen al nuevo gobierno por la introducción
de medidas de “apoyo” a las empresas (i.e.: que
socialicen sus pérdidas y errores de gestión pasados).
Dentro
de esta perspectiva, sin embargo, no queda muy claro sí la
recién nacida administración paniaguista -un gobierno de
ancha base opositora (léase: un gobierno conformado
para la oportunidad y sin bancada congresional que lo respalde)-
será capaz de gobernar el país enfrentando múltiples
exigencias gremiales, regionales y hasta políticas; en medio
de una coyuntura económica espinosa. Es decir, como veremos más
adelante, dentro de un ambiente económico muy fácil de
deteriorar y muy, pero muy difícilmente, mejorable al nivel
que no pocos peruanos ansían (aunque con flacos
fundamentos).
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