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A
principios del 2001, cualquier análisis superficial (aunque
basado en indicadores convencionales) sobre la
marcha de la economía peruana, describe un escenario
relativamente positivo.
Contrastarían
este cuadro toda una colección de índices macroeconómicos
que nos muestran, por ejemplo, una tasa de inflación baja (menor
al 4%), un déficit fiscal manejable (menor
al 3% del PBI), un tipo de cambio nominal
estabilizado en S/. 3.50 por más de un año, una brecha
externa corriente en contracción (y
también menor al 3% del PBI), tasas de interés
bancarias -aunque
altas- en sostenido proceso de reducción nominal
y, finalmente, una tasa de crecimiento de la producción
agregada (PBI) cercana al 4%.
Esta
percepción tendería a parecernos aún más positiva –y
hasta favorable- si la comparásemos con las estadísticas
de otras economías de la región.
Frente
a esto, nos encontramos, asimismo, con el hecho palmario de
que la mayor parte de los peruanos sostiene que estamos en el
peor de los mundos. Que no hay empleo, que los agobia
la pobreza, que está rota la cadena de pagos, que falta
liquidez y créditos para hacer negocios; en fin, que nuestra
economía estaría, sino colapsada, muy cerca de estarlo.
¿Quién
tiene la razón?
Para
tratar de responder esta pregunta, como casi siempre, es bueno
mirar algo más lejos de nuestra nariz.
Y
es que, a pesar de que un análisis técnico cuidadoso de la
economía peruana debería mirar otros indicadores, desde hace
ya varios años en evidente deterioro -tales
como la morosidad bancaria, los ratios de apalancamiento
externo del sistema financiero nacional, el ratio de servicio
de la deuda pública y privada sobre las exportaciones, los
flujos de inversión extranjera (directa y de portafolio) la
morosidad bancaria y comercial y los niveles de ahorro e
inversión privadas- lo cierto es que no estaríamos
tan mal. Al menos, no tan mal como podríamos llegar a estar
si cometemos ciertos errores de gestión económica muy fáciles
de cometer.
Y
es que la figura de corto plazo de nuestra economía enfrenta
limitaciones marcadas. Hoy en día, dados los exiguos
niveles de inversión en capital físico y en capital humano
que hemos arrastrado a lo largo de las últimas dos décadas,
nuestras capacidades productivas son muy estrechas. Con ellas,
nuestras posibilidades de aumentar o de elevar
significativamente nuestros niveles de consumo (y
con ello afectar los índices de pobreza) han
estado atadas a nuestra habilidad de captar capitales externos
para inversión extranjera directa, líneas de crédito
externo, o inversiones de portafolio. Es decir, a nuestra
eventual capacidad de reformarnos o privatizar algo.
Esta
visión de la economía ha arrastrado además viejos demonios
del pasado. Los errores de gestión (y
el proceso de desmantelamiento de instituciones)
arrastrados con contumacia desde los años sesenta a la fecha,
nos han relegado a vivir en una economía de frustrados. No
nos olvidemos que muchos de los que vivimos fuera del país (dentro
de una computadora o en algún país distinto al del indómito)
sólo escapamos de un ambiente en el que –si
medimos propiamente el desempleo y subempleo- menos
del 10% de la población económicamente activa tendría un
empleo adecuado.
Un
ambiente en el que algo menos de la mitad de la población es
incluida dentro de las cifras de pobreza. Un ambiente
en el que doscientos dólares mensuales es un sueldo. Este
ambiente, estimados cyberlectores,
no sólo describe frustración, la implica. Con algo más de
un millón de clientes, la inversión justificada por el
mercado interno es muy pequeña. Con un estado abultado, un
universo de regulaciones inconexas sino contradictorias,
desalineamientos cambiarios, deficiente regulación prudencial.
Bancos
agrarios o Cajas Rurales, regímenes tributarios y
arancelarios estratégicos y una muy limitada capacidad de
inversión en capital humano –a
pesar de que asumamos que el manejo fiscal y monetario no
repita los errores que caracterizaron sus gestiones en los últimos
veinte años- sólo nos aseguran menores
productividades laborales promedio. Pero ésta no es
toda la foto.
Los
peruanos estamos en pleno proceso electoral. Hasta ocho
planchas presidenciales
-que
no nos digan que en este país no hay consenso- nos
ofertan casi lo mismo. Las discrepancias son de escala o de
oportunidad, pero casi todos, ofertan las mismas políticas
que deterioraron la suerte económica del país.
Nuevas
rebajas tributarias, nuevas reducciones de encaje, nuevas
expansiones presupuestales, un nuevo Banco Agrario, un nuevo
esquema para controlar tarifas, nuevos esquemas para
socializar pérdidas, nueva pusilanimidades para reducir el
gasto burocrático, y una nueva lentitud extrema para todo lo
que implique reformas o privatizaciones.
El
2001 es el tercer año en el que la inversión privada cae en
términos reales. Las acciones de política económica
consistentemente aplicadas por el gobierno pasado y el actual
gobierno de transición, han ofertado el debido marco para
esta evolución.
Aunque
suene políticamente incorrecto sostenerlo, muchos errores de
gestión y socializaciones de pérdidas empresariales han
pasado a ser algo así como políticas de estado.
El
proceso electoral, como ya lo hemos planteado, aún no logra
entusiasmar a nadie. Y entonces, ¿a dónde vamos?
Nuestra
impresión es que –dentro
de un intervalo bianual miope- no vamos muy lejos. Con
algo de mala suerte y errores de gestión, los panoramas
financiero y fiscal pueden deteriorarse con relativa facilidad
y hacernos sentir que la crisis se profundiza.
Con
algo de buena suerte, podemos rebotar sobre niveles de inflación,
producción, empleo y pobreza cercanos a los actuales. Después
de todo, como no hemos invertido significativamente, aspirar a
más sería iluso.
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