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Muy
estimados cyberlectores, esta vez enfocaremos un tema
crucial para el país del indómito inca: la desgracia económica
que tiene postrado a su sector agropecuario. Como enfocaremos
sucintamente en estas breves líneas, ésta es resultado de
una consistente y contumaz opción por repetir ciertas
inclinaciones de política económica que priorizan la
intervención estatal sobre las personas. Tal vez, ningún
gobierno peruano se anime a quebrar estas reglas en un buen
tiempo. El peso de socialismos trasnochados en una nación en
la que se lee muy poco es aún muy grande. Sin embargo, creo
que es bueno conocerlas y desenmascararlas cada vez que
podamos.
Desde
hace ya demasiados años se nos ha vendido la idea de que el
sector agropecuario nacional es un sector vital para la economía
y la sociedad peruana. Desde el punto de vista de su aporte al
bienestar nacional se estima que contribuye con alrededor del
8% de la producción. Grosso modo, un flujo anual de
unos 4,200 millones de bienes agrícolas y pecuarios. Parte de
esta oferta, unos 641 millones se venden en el exterior,
siendo un 61% son productos no tradicionales. Así el sector
agropecuario peruano oferta sólo el 9.2% del total exportado.
Para tener una idea palmaria del declive relativo del sector
bastaría con comparar esta cifra con la de su pico histórico:
hace unos veinticinco años el 29% del total exportado eran
productos agropecuarios...
También
ayuda a enfocar este severo declive sectorial el recordar cómo,
cada año, tenemos que importar unos 500 millones de dólares
en alimentos (estrictamente productos agropecuarios).
Frente
a esta notable decadencia sectorial -la producción por
habitante (expresada en dólares constantes) habría
registrado el año pasado un valor equivalente a sólo el
23.8% de lo que producíamos en 1966- se nos ha venido
hablando de la notable importancia del sector en función a su
capacidad de dar trabajo. Se estima que el sector agropecuario
proporcionaría unos 0.6 millones de puestos estables -5%
de la fuerza laboral peruana- y que absorbería unos 3.2
millones adicionales como campesinos minifundistas -28% de
la población económicamente activa-. Si bien podríamos
decir que un tercio de la fuerza laboral peruana esta
involucrada con la suerte de este sector, resulta crucial no
olvidar que sólo el 5% de la PEA tiene un trabajo estable en
el sector. El resto es campesinado minifundista.
La
historia se termina de dibujar cuando enfocamos los estimados
de la productividad media de un trabajador del sector. Estos
resultan tan bajos que equivalen a la quinta parte de la
productividad laboral media prevaleciente en el resto de la
economía. No debe sorprender a nadie este resultado por
cuanto, también, el ingreso medio estimado de un campesino
minifundista -unos 50 dólares mensuales- es menor a la
quinta parte del ingreso medio del resto de la población económicamente
activa nacional (unos 274 dólares mensuales).
Este
es un agro destrozado, con pocos empleos formales y con
ingresos paupérrimos. Lógicamente, las cifras sobre la
pobreza nacional -y su concentración rural (donde la
actividad laboral predominante es el campesinado minifundista)-
tampoco deberían sorprender a nadie. No es casualidad que el
89% de la población en extrema pobreza habite en áreas
rurales y que el 69% de la población en pobreza no extrema -bajo
los estándares del INEI- sea también rural.
Hasta
aquí, sólo tenemos un monumento a la heterodoxia económica.
Un monumento de desastre económico construido sobre décadas
de intervención estatal y corrupción escondida en el slogan
de que “hay que ayudar a la gente pobre del agro”. No
olvidemos que el agro nacional fue alguna vez el segundo
sector productivo del país y que hoy día es un remedo, una
fuente de pobreza extrema, gracias al accionar económico de
sucesivos gobiernos. Gobiernos que creyeron que podían
mejorar las cosas en el agro en forma mágica. Que podían
incrementar su crecimiento y eficiencia con subsidios diversos,
con bancos agrarios y –sobre todo lo anterior-
creando condiciones socialistas de producción y destruyendo
toda noción de propiedad privada. En este agro, los que
hicieron buenos negocios –básicamente burocracia
corrupta- hoy día nos quieren hacer olvidar toda la
pobreza que generaron.
Nos
dicen hoy que el reto es recapitalizar al agro. Que hay que
generar un banco agrario que nuevamente regale el crédito e
introducir condiciones heterodoxas que protejan las
ineficiencias del sector. Ellos olvidan algunos detalles.
Hoy
en día, el sector es tan poco atractivo para los negocios y
para la inversión, que explica sólo el 2% de la
importaciones por compras de maquinarias y equipo en la década
pasada. Esto, mostrándonos un promedio anual patético por sí
mismo: sólo 30 millones de dólares.
Se
sabe también que su vínculo con el rubro inversión
extranjera directa es virtualmente nulo y se incluye en ese
capítulo de “otros” con cerca del 1% del stock
acumulado.
Por
otro lado, del total de préstamos del sistema bancario a los
diferentes sectores productivos del país, en el agro se
colocaría sólo el 3.4% del total (unos 355 millones de dólares),
mientras que, gracias a su condición de sector minusválido
por definición (según la prédica socialista de los años
sesenta y setenta), hoy en día, es el sector en el que
prevalece la cultura del no pago como la norma. No es
casualidad que sus tasas de morosidad superen el 24% -respecto
a la cartera atrasada- y 35% -respecto a la cartera
problemática-, respectivamente.
¿Cómo
capitalizar el agro? Para responder esta pregunta es
fundamental no mentir. El agro que repague sus créditos o
atraiga inversión privada –nacional o extranjera-
permitiendo su capitalización, sólo lo observaremos cuando
seamos capaces de crear condiciones para los negocios privados.
El desarrollo del agro peruano no necesita sobre tasas
arancelarias ni bancos agrarios que regalen el crédito a
ciertas minorías. No necesita que le condonen las deudas a
gentes con buenos contactos con el gobierno de turno. Necesita,
en cambio, el respeto a la propiedad privada, la existencia de
reglas claras para los negocios y para la inversión. Necesita
estabilidad macroeconómica y un Estado poco oneroso. Y
necesita también una enorme inversión en capital humano y
transferencia tecnológica, con esquemas públicos y privados.
Éste es el camino de su capitalización.
Esto,
en nuestro país, tanto como lo fue en los países que hoy día
tienen una oferta agropecuaria altamente competitiva. Las
propuestas de capitalización que hoy día proliferan en el
actual proceso electoral –más allá de su popular
discurso- ya las conocemos. Las cifras que aquí se han
mostrado implican su lógico resultado.
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