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¿Se
acuerdan? No hace muchas semanas atrás,
el régimen del ingeniero Alberto Fujimori
Fujimori -uno de los regímenes más
longevos de la historia republicana del Perú-
se derrumbaba estrepitosamente. Videos, renuncias,
acusaciones, y una marcada profundización
de la recesión eran el marco en el que
se iniciaba un nuevo proceso electoral que a
la postre iría a elegir al profesor Alejandro
Toledo Manrique como el nuevo Presidente Constitucional
de la República.
Sin embargo,
es crucial tomar en cuenta que la historia entre
el derrumbe fujimorista y la posible asunción
de Alejandro Toledo, no ha sido precisamente
tacaña en términos de accidentes.
De hecho, el ingeniero Fujimori, -poco antes
de que las cosas pasen de castaño oscuro-,
tomó las de Villadiego y se acordó
que sus papás lo habían registrado
en el kosuki familiar y que en realidad él
era un súbdito japonés (con pasaporte
y todo); razón por la cual se fue a su
casa en condición de no extraditable.
El lapso (aún
inconcluso, estimado cyberlector) en el que
Fujimori abandona el poder y éste último
es entregado a un nuevo (próximo gobierno)
se ha venido a denominar como el periodo de
transición democrática. Y el gobierno
encargado de administrar este trance ha recibido
el sugestivo título de gobierno de transición.
En estas líneas,
nos ocupamos de ellos cuando aún están
vivos y todavía podrían dar alguna
señal de buenos reflejos. No nos ocuparemos
esta vez de su labor como administradores del
proceso electoral. Ni nos ocuparemos -aunque
no podríamos dejar de reconocer- su valía
como grupo de peruanos que salió al frente
y asumió la responsabilidad de gobernar
la Nación en momentos aciagos. Nos ocuparemos
de lo que pudo ser.
Esa expectativa
que más de uno de nosotros tuvo en el
que el gobierno de transición liderado
por Valentín Paniagua y Javier Pérez
de Cuellar, reputados jurista y diplomático,
fuera capaz de dar un shock de confianza, manejar
responsablemente la economía y tomar
algunas acciones en el área de las denominadas
reformas de segunda generación.
Para muchos de
ustedes, estimados cyberlectores, que no son
economistas, el término reformas de segunda
generación no tiene mayor implicancia.
Para ustedes, les diré, que estas reformas
no son reformas de segunda, son reformas de
primera. Implican lo que más le faltó
al gobierno de Fujimori en el área de
modernización económica. Y esto
fue, la consolidación de instituciones
que validen, para peruanos y extranjeros, niveles
de predicibilidad mínimos en áreas
como el tamaño del Estado, la justicia,
el cumplimiento de contratos, la regulación
de los mercados, la competencia, y la administración
electoral. Sin ellas, hoy día los peruanos
sabemos por experiencia propia la visión
de un mercado competitivo que asigne recursos
eficientemente, en un país que tiene
pocos recursos, como el nuestro, es no sólo
una quimera sino altamente improbable.
Hecha esta atingencia,
¿qué les parece si nos ocupamos
del gobierno de transición y, particularmente,
lo que pudo ser su agenda económica?
Un shock de
confianza
Desde mediados
de la década pasada, el gobierno de Fujimori
había sido bastante malo en avanzar en
la tarea de reformas estructurales. No sólo
había detenido las reformas en toda área,
sino que además había comenzado
a revertirlas acercando a la economía
peruana mucho más hacia reglas intervensionistas
y discrecionales. Como resultado de ello, y
de las crecientes acusaciones de la aún-no-tan-evidente
corrupción generalizada, el país
ingresó en una fase de evidente desconfianza.
La inversión privada entró en
caída libre y con ella, la producción
se redujo al mismo tiempo que se endurecieron
las posibilidades laborales del país.
Este panorama
complicó duramente los márgenes
de acción del gobierno y, frente a un
gobierno que decidió mantener su gasto
presupuestal a rajatabla (incumpliendo cuanto
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
firmó desde 1997), el Banco Central de
Reserva tuvo que contraer la oferta monetaria
colocando a todos los sectores productivos en
un estado de efectivo congelamiento.
Uno de los detalles
críticos de este ambiente fue el también
"congelamiento de las quiebras". Sectores
y no solamente empresas sobre endeudadas y quebradas
detuvieron sus procesos de reestructuración
patrimonial con la expectativa de que un nuevo
gobierno los salve (transfiriendo sus errores
empresariales al resto de los peruanos). Con
estos antecedentes, ¿qué hizo
el gobierno de transición? Pues hizo
lo mismo. Como dos gotas de agua. Compró
carteras, introdujo beneficios artificiales,
escalonamientos arancelarios, exoneraciones
tributarias y le dejó al gobierno de
transición una pesada agenda y el bemol
de iniciar su gobierno con todos los índices
productivos enfriándose sino decreciendo.
Algo así, que frente a la expectativa
de un shock de confianza, esta auspiciosamente
recibida nueva administración sólo
fue capaz de auspiciar la desconfianza.
Un manejo
responsable
Si el gobierno
de transición fue incapaz de dar confianza,
lo hizo con algún grado de vocación.
Sus más destacados voceros no dejan de
espantar a los inversionistas locales y extranjeros
con propuestas descabelladas en el ámbito
laboral y comercial, con evidentes perforaciones
a autonomías institucionales y con un
manejo fiscal que sólo reduce el gasto
cuando ya no le quedan depósitos de privatización
que gastar y cuando además, la recaudación
tributaria se comporta como era lógico
que se comporte en medio de una recesión
virtualmente generalizada.
A pesar de ello,
le dejan al próximo gobierno un déficit
fiscal de apertura cercano o superior al 3%
del PBI, y a la mitad de los sectores empresariales
peruanos pidiendo diversas dádivas prometidas
explícita o implícitamente (i.e.
escalonamientos arancelarios, compras de cartera,
tratamientos especiales, etc.) También
en el ámbito de la responsabilidad, no
supieron cumplir con las expectativas.
El institucionalizador
desinstitucionalizando...
(...lo que el desinstitucionalizador institucionalizó)
Existe un elemento
que, en materia económica, desafortunadamente
caracteriza a la administración paniaguista
y éste es el irrespeto por las instituciones.
Las cosas se deben hacer verticalmente. Las
autonomías son todas relativas. La popularidad
del gobierno está por encima de las reglas
acordadas (por ejemplo, el triste caso de OSIPTEL
y la reciente elevación de las tarifas
telefónicas). Por otro lado, el MEF anda
peleado con el BCR (porque éste, hasta
la fecha, ha defendido con alguna dignidad su
autonomía monetaria) y diferentes Ministros
de otros sectores han profundizado procesos
de desmantelamiento de lo poco de institucionalidad
regulatoria construido bajo la administración
de Fujimori.
Pocas cosas pueden
resultarle más caras al país (y
al próximo gobierno) si quiere -como
necesita- atraer inversión extranjera
para poder crecer en los últimos años.
A modo de
un corolario
Escribimos estas
líneas a mediados del mes de junio, cuando
el gobierno de transición virtualmente
tiene tiempo y márgenes de acción
extremadamente estrechos. Sin embargo, si tomamos
en cuenta la cantidad de ideas "brillantes"
esbozadas por este gobierno en las últimas
semanas, tal vez sirva para que detengan esa
casi inacabable sucesión de retrocesos
de la que han hecho gala en los últimos
meses.
A ustedes los
eligió el Congreso. No el pueblo directamente.
Al profesor Toledo y su equipo sí. Déjenle
al Ejecutivo y Legislativo recientemente electos
el reto -y la responsabilidad- de hacer cosas
nuevas. De hecho, ellos sufrirán las
consecuencias de haber venido después
de Fujimori y después de ustedes. No
dejen que sus detractores se llenen la boca
diciendo que lo único que en el fondo
desean algunos funcionarios del gobierno de
transición es el salir de este trance
siendo muy populares.
Ya que lo que
pudo ser no fue, esperemos que la visión
y la responsabilidad prevalezcan (al menos en
sus últimos días).
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