En 1992 cerraba sin pena ni gloria el Banco Agrario del Perú (BAP), en medio de un pronunciado cuadro de insolvencia e iliquidez. Esta institución bancaria estatal fue por décadas el intermediario encargado de canalizar recursos públicos hacia el agro. Durante el lapso 1961-1989, el BAP recibió alrededor de diez mil millones de dólares para ser asignados en el sector.
El impacto de esta masiva inyección de recursos sobre el desarrollo sectorial fue poco significativo. La existencia del Agrario se asoció con una etapa de atraso y decaimiento del agro de tal escala, que la producción sectorial per-cápita se contrajo a un ritmo anual del -1.7% en términos reales, sus volúmenes exportados -también per-cápita- se redujeron al 2.2% y, para satisfacer la demanda, las importaciones de insumos agropecuarios aumentaron a un ritmo de 7.6% cada año. Ante tan pronunciado fracaso, resulta por demás relevante reenfocar su historia, su rol y algunas lecciones de particular interés en estos días.

El Banco Agrario del Perú (otrora Banco de Fomento Agropecuario) inicia sus actividades a principios de los sesenta, a raíz del alejamiento –por decreto- de la banca privada especializada en el sector, en medio del proyecto de reforma socialista iniciada por el general Velasco en 1969, en el que hacer negocios en el agro -producir, innovar o exportar- era, por decir lo menos, una tarea tan romántica como poco rentable.

Desdichadamente, este estado de cosas, mantenido por décadas (y aún vigente a fines del siglo), acuñó un sector poco competitivo en el que –en nombre del apoyo al pequeño y mediano agricultor- medran las minorías burocráticas administradoras de los subsidios y los grupos regionales receptores de éstos.

Los Años del Banco Agrario

Este fue justamente el esquema del Banco Agrario del Perú, institución tan de moda en estos días pre-electorales. Desde sus inicios, el BAP distaba de ser un intermediario eficiente y parte significativa de los recursos colocados se perdía y tenía que ser reinyectada por el Tesoro o el Banco Central.

Las cifras disponibles evidencian extremos de ineficiencia tales que –entre 1985-1989- los gastos operativos del BAP consumían cerca de un tercio de los recursos recibidos, y el resto fue colocado a tasas de interés tan negativas que su tasa de interés promedio real era de menos 96%. Con ello nos encontramos dentro de un estado de cosas en el que era negocio sólo recibir el crédito y no se requería ni producir, ni exportar.

En ausencia de cifras confiables, si quisiéramos saber cuánto de los recursos asignados por el gobierno llegó a sus sectores objetivo (i.e.: los pequeños y medianos agricultores) conviene recordar cómo en la segunda mitad de los ochenta la tasa de interés paralela -o"informal"- a la que accedían la mayoría de los productores agrícolas del país, superaba el mil por ciento en términos reales. Lo abultado de esta tasa grafica la extrema escasez del crédito observada por aquellos años. Esta misma cifra evidencia que –contrariamente a lo que hoy se nos dice- la mayoría de los subsidios crediticios distribuidos por el BAP se concentró en una minoría relativamente más rica (que en estos días estaría realizando un feroz lobby para recuperar los beneficios de antaño).

Con la hiperinflación aprista de fines de los ochenta -erosionada significativamente la capacidad fiscal de financiar las pérdidas anuales del BAP- se hace evidente la incapacidad del BAP de recuperar siquiera una fracción de los recursos que captaba. Con ello se descubrió no solo su insolvencia, sino también su incapacidad de actuar como un agente eficiente de la intermediación financiera en el agro. Por tanto, a fines de 1992 el gobierno decide iniciar su proceso de liquidación al no tener beneficios que mostrar.En defensa del Banco Agrario podemos decir pocas cosas, sí acaso sólo una. Simplemente que, bajo el entorno en que vivió, era poco probable que se pudiera administrar eficientemente un banco especializado.

Económicamente, el Banco Agrario del Perú constituyó básicamente un banco de papel que distribuía subsidios sobre la base de criterios distintos de la rentabilidad de la colocación. En una perspectiva de largo plazo, el pobrísimo resultado de esta experiencia no debe sorprendernos. No solamente los incentivos al interior del BAP eran inconsistentes con el ejercicio del negocio bancario sino que, externamente, no existieron reglas que favoreciesen el desarrollo de mercados especializados en el sector, ni para depósitos ni para créditos.

Un Nuevo Banco

A pesar de esta historia, una vez más la amnesia económica nacional, políticamente alimentada, nos vuelve a afectar. Cada día resulta más popular la idea del retorno de una institución similar. Dicen –como se dijo hace cuarenta años- que se requiere un nuevo banco "para ofertar crédito a los pequeños y medianos agricultores". A algunos de los que defienden el retorno de esta vieja idea les parece –no sin cierta dosis de razón- que el desafortunado caso del BAP no tiene por que negar la posibilidad de introducir un banco de fomento eficiente, razonablemente especializado en el sector agrícola.

Sin embargo, para evaluar la conveniencia de crear un nuevo banco agrario estatal resulta fundamental tener en cuenta las lecciones de nuestra propia historia. Sin fundamentos para el desarrollo de los agro-negocios, un banco especializado en el sector agrario –que coloca y recupera recursos- carecería de mercados y sería un mal negocio. De hecho, actualmente no existe limitación legal alguna para que agentes privados constituyan un banco especializado en el sector.

Asimismo, es muy importante ponderar el que si este proyecto se configura como una dependencia estatal o cuasi-estatal (i.e.: los accionistas y utilidades son privadas pero los recursos y/o las garantías son públicos) no va a ser difícil que al poco tiempo sus administradores -a la COFIDE, FOGAPI, FONDEAGROS et al- descubran que "estos recursos sí se pueden perder (sin que nadie se dé cuenta)"...

Es por ello que si se desea subsidiar al sector (por los loables motivos que sean) es mejor y más transparente que el fisco lo haga directamente (por ejemplo, vía partidas presupuestales con nombre propio) y que se entienda que no es necesario crear un nuevo BAP. Dada la debilidad institucional característica de América Latina, este tipo de esquema de Banco de Fomento Estatal se tiende a desarrollar con lógica (y beneficiarios) muy distintos al bien común.