CONVULSIÓN SOCIAL: ESTADO DE EMRGENCIA

El 2003 bien podría ser denominado como "El año de las marchas", ya que el régimen del presidente Alejandro Toledo no sólo tuvo que hacer frente a las continuas crisis políticas que circundaron su gestión, sino que en el clamor social encontró un dolor de cabeza adicional.

Texto: Edgar Cabrera

El 2003 bien podría ser denominado como "El Año de las Marchas", ya que el régimen del presidente Alejandro Toledo no sólo tuvo que hacer frente a las continuas crisis políticas que circundaron su gestión, sino que en el clamor social encontró un dolor de cabeza adicional.

Los maestros, transportistas, médicos, trabajadores despedidos e incluso los productores cocaleros, tomaron las calles del interior del país y sobre todo las de la capital de la República, al considerar que con marchas, silbatos y congestiones vehiculares obligarían al Gobierno a atender sus demandas. Esta fórmula dio resultado, pues los ministros de los respectivos sectores se reunieron con los dirigentes y tuvieron que guardar en su gaveta algún síntoma de intolerancia.

En febrero fueron los productores del Valle del Río Apurímac. Ellos realizaron una huelga exigiendo que el Ejecutivo dé término a la política de eliminación de cultivos de coca y proponga alternativas más rentables.

A inicios de mayo, los transportistas de carga pesada iniciaron una paralización y bloquearon las principales carreteras del país. Exigían al Gobierno que haga cumplir el Decreto Supremo 045 del Ministerio de Transportes, el cual establece el pago de los 'costos mínimos' por parte de los usuarios y dueños de la carga.

Pero fue el 12 de mayo con el inicio de la huelga nacional de maestros afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (SUTEP), que el profesorado puso en jaque al Gobierno, pues los docentes a través de un simple cálculo aritmético comprendieron que la promesa de duplicarles el sueldo al final del gobierno de turno no se iba a cumplir.

Es por eso que encabezando sus demandas se encontraba la solicitud de un aumento de sueldo de 210 nuevos soles. Con ese fin, los docentes y sumados a ellos los trabajadores administrativos, tomaron las principales calles del Centro de Lima y las marchas hacia el Congreso de la República, como al Ministerio de Educación fueron pan de cada día.

Pese a las intensas negociaciones con el entonces ministro Gerardo Ayzanoa, los maestros lograron obtener un aumento de 100 nuevos soles. El saldo final de esta paralización fue la pérdida de clases de los estudiantes por casi un mes y según los expertos pese a la recuperación de ellas, las horas de clases no se completarán.

"La tolerancia tiene un límite"

El 27 de mayo y en vista de los desórdenes y malestares en la que desembocaban las marchas, el presidente Alejandro Toledo, anunció en un Mensaje a la Nación la declaratoria de emergencia en todo el país por un plazo de 30 días, con el objetivo de reabrir los colegios y restablecer el libre tránsito en las carreteras que habían sido cerradas por las marchas de protesta del SUTEP y los agricultores. "La tolerancia tiene un límite", dijo al iniciar su alocución.

Toledo fundamentó esta medida, recordando que se encuentra entre sus atribuciones constitucionales como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que dispuso a éstas el control interno del país, con el apoyo de la Policía Nacional.

Explicó que su objetivo era resguardar la estabilidad democrática del país, así como proteger la seguridad ciudadana y el orden público.

Pero al día siguiente de instaurada esta medida, en un claro desafío, los maestros, agricultores, trabajadores del Poder Judicial y de EsSalud salieron a las calles. En Barranca y Chiclayo las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional dispararon al aire para dispersar a manifestantes.

En esa misma semana, exactamente el 29 de mayo, un enfrentamiento entre alumnos de la Universidad Altiplánica y las Fuerzas del orden, en Puno, dejó como saldo un estudiante muerto y 46 heridos.

Autoridades de dicha casa de estudios y del mencionado departamento calificaron de exceso actitud de los soldados. Por su parte, el entonces ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, aseguró que los estudiantes bloquearon las calles aledañas a dicha universidad.

Fue el miércoles 25 de junio cuando el Gobierno decide levantar el estado de emergencia, debido a que se había superado el clima de inestabilidad en el país. Sin embargo, la medida se mantuvo vigente en los departamentos de Junín, Apurímac, Ayacucho y la provincia de La Convención en el Cusco.

En la segunda mitad del año las marchas no cesaron puesto que a vísperas de Fiestas Patrias, los trabajadores despedidos durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori exigieron a Toledo el cumplimiento de la Ley de Ceses Colectivos, mediante la cual serían repuestos o indemnizados por el Estado.

Tras marchas y un mes de huelga de hambre, el Gobierno se comprometió a publicar el tercer listado con los beneficiados con esta medida. Pero no es hasta vísperas de Navidad que se haría efectiva tal medida.