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MUESTRA SU DESCONTENTO
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), Julio César Bazán, expresó su rechazo y descontento ante la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al considerar que dicho acuerdo comercial fue impuesto por el Gobierno norteamericano.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Bazán aseguró que “este tratado pudo haber sido mejor negociado y realizado, toda vez que el gobierno peruano, no ha hecho lo suficiente para evitar un entreguismo al gobierno estadounidense”.
Bazán Figueroa manifestó que los gremios sindicales han perdido la confianza y la esperanza de que el Ejecutivo pueda atender las demandas laborales y mantener el respeto a los derechos de los trabajadores para cumplir con las enmiendas que se plantearon a mediados de año, mientras se negociaba el TLC.
Por su parte, José Luis Silva, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) reiteró que el gobierno ha dispuesto una partida de 300 millones de soles para respaldar a los sectores que se verían afectados por el TLC.
“Con este fondo, los agricultores o integrantes de otros sectores, serán beneficiados en capacitación y asesoría para -por ejemplo- reconvertir su producción, capacitarse en nuevas tecnologías y otras; y si existiese competencia desleal, el Estado tiene los canales correspondientes para la denuncia y el seguimiento”, expresó Silva a la CNR.
Así mismo, el representante de los empresarios exportadores, aseguró que “con la firma de este TLC, se abren las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y permite tener un antecedente positivo para la firma de acuerdos comerciales con otras potencias económicas”, puntualizó.
Como se recuerda, el último martes, el senado estadounidense aprobó el proyecto de Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ese país y el Perú, por 77 votos a favor y 18 en contra.
En los próximos días, el presidente estadounidense, George W. Bush, deberá promulgar la Ley de Implementación del acuerdo, el cual entraría en vigor una vez que ambos países concluyan con el proceso de implementación, lo cual se estima para mediados del 2008.
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