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ANTES DE FINES DE OCTUBRE
Antes de fin de mes, el fiscal supremo José Peláez Bardales remitirá a la Corte Suprema peruana la adecuación de los delitos que se le imputan al ex presidente Alberto Fujimori, conforme a la sentencia de extradición de la justicia chilena, informó el Ministerio Público.
Peláez Bardales debe acusar penalmente al ex mandatario sólo por los delitos aprobados por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, según los tratados internacionales de Extradición.
Para eso, se encuentra trabajando en la adecuación de las denuncias por los casos Barrios Altos, La Cantuta, Sótano SIE, Congresistas Tránsfugas, Interceptación Telefónica, Medios de Comunicación (Cable Canal de Noticias) y 15 millones de dólares que supuestamente Fujimori le entregó a su ex asesor Vladimiro Montesinos.
"La Fiscalía Suprema devolverá oportunamente al máximo tribunal los seis expedientes con la adecuación de las acusaciones conforme a lo establecido por la justicia chilena. Se cumplirán los plazos establecidos por ley y eso será antes de fin de mes", precisaron las fuentes.
Según la sentencia de extradición, Fujimori debe ser juzgado por homicidio y lesiones graves (Barrios Altos y La Cantuta); peculado y falsedad (15 millones de dólares); interceptación y peculado (Interceptación telefónica); secuestro (sótano SIE); cohecho activo genérico (congresistas tránsfugas) y peculado (medios de comunicación).
Estos expedientes se encuentran en la Fiscalía desde el pasado 5 de octubre, luego que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispusiera de oficio su remisión, para la aclaración correspondiente.
"Lo principal y necesario es entregar los expedientes a tiempo, a fin que se cumpla el plazo que dio la Sala Penal Especial para dar inicio al juicio por violaciones a derechos humanos Barrios Altos, La Cantuta y Sótano SIE) el próximo 26 de noviembre", anotaron.
El abogado César Nakasaki, afirmó a la agencia Andina que si la Sala Penal Especial no hubiera ordenado su remisión a la Fiscalía para la adecuación de la acusación, como defensa del ex presidente lo habría tenido que solicitar, tal y como hizo en el caso Allanamiento.
Pelaéz Bardales dispuso suspender las vacaciones de febrero próximo para todo el equipo que trabajará en los juicios contra el ex mandatario, "por la complejidad, trascendencia e importancia de los procesos".
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