TIENE FACULTAD

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de resolver si el Estado peruano es considerado parte agraviado en los Casos Barrios Altos y La Cantuta, sostuvo el jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Carlos Briceño.

Explicó que el máximo tribunal tiene la "potestad por soberanía" de aclarar esta controversia que generó la sentencia de la justicia chilena que concedió la extradición de Fujimori.

El fallo chileno habría "omitido" por equivocación incluir el delito de asociación ilícita para delinquir, por el cual la defensa del Estado peruano, es decir la Procuraduría Anticorrupción, participaría en los juicios contra Fujimori por estos dos casos, señaló.

"Se atribuye al ex mandatario haber tenido el condominio en la planificación y ejecución de los crímenes y matanzas de 'Barrios Altos' y 'La Cantuta', ejecutados materialmente por el grupo de exterminio Colina", señala la imputación.

Briceño manifestó que la Fiscalía Suprema, a cargo de José Peláez Bardales, también podría recomendar en su dictamen acusatorio, que el Estado peruano sea considerado parte agraviada, para que la Sala Penal Especial tome una decisión definitiva.

Peláez Bardales debe presentar su acusación contra Fujimori por estos casos antes que se de inicio, el próximo 26 de noviembre, al juicio Barrios Altos, La Cantuta y Sótano SIE, que han sido acumulados en uno solo.

En estos casos, la sentencia de extradición de la justicia chilena consideró los delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones graves, que estarán a cargo de abogados particulares de las víctimas y deudos.

El ex presidente Fujimori ha negado cualquier responsabilidad penal en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.