REMITE ACUSACIÓN

El fiscal supremo José Pereira remitió a la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema la ratificación de su acusación contra el ex presidente Alberto Fujimori por el caso del allanamiento ilegal a la vivienda de Vladimiro Montesinos, informó el Ministerio Público.

El magistrado presentó su dictamen final dentro del plazo que la ley señala, en el cual sostiene que "está acreditada la responsabilidad del ex mandatario por el delito de usurpación de funciones".

Pereira Rivarola afirma que su posición, respecto a la autoría de Fujimori en la comisión de este delito se ciñe a lo que señala la sentencia expedida por el Poder Judicial de Chile y al examen de los hechos, así como de las pruebas materia del proceso.

El fiscal supremo también consideró que el ex presidente "no cumple con los requisitos legales para acogerse al beneficio de la confesión sincera", pues su declaración no ha contribuido al objetivo del proceso ni tampoco ha sido uniforme con sus declaraciones anteriores.

En el referido dictamen, el fiscal Pereira citó también la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC) número 1257-2005-PHC/TC que califica al trámite de extradición como obstruccionista para el normal desenvolvimiento de cualquier proceso.

El magistrado supremo también se ratificó en el pedido de siete años de prisión y el pago de una reparación civil de 100 mil nuevos soles, que deberá pagar Fujimori Fujimori en caso de ser hallado culpable.

Explicó que la sentencia chilena examinó los hechos materia del proceso conforme a su legislación, por lo que la adecuación consiste en que estos hechos materia del proceso y de la sentencia chilena se rijan conforme a nuestra legislación.

El expediente de este proceso consta de la denuncia inicial contra el ex mandatario por el delito de usurpación de funciones por presuntamente haber planeado, ordenado y dirigido el ilegal ingreso a casa de Becerra e "incautar" sus pertenencias el 7 de noviembre del año 2000.

Según las imputaciones, Fujimori valiéndose de su condición de jefe del Estado ordenó y dirigió el ingreso ilegal a la casa de Montesinos para "incautar" sus bienes y vídeos que podrían comprometerlo con la red de corrupción que se produjo durante su gobierno.