"CORRIGIÓ FUSILAMIENTOS"

El ex asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Rafael Merino Bartet afirmó que el ex presidente Alberto Fujimori efectuó correcciones en un documento en el que se disponía el fusilamiento de los cabecillas senderistas Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Zenón Vargas.

Merino entregó un memorándum con fecha 14 de octubre de 1992 al Tribunal Supremo a cargo de este juicio que se denominaba Normas de detalle para la ejecución de dichos elementos terroristas.

Según explicó, el memorándum fue objeto de correcciones por parte del ex mandatario en lo referido al orden de los nombres para su fusilamiento.

Cuando fue consultado de que cómo le constaban esas correcciones, precisó que él conocía la letra de Fujimori Fujimori en razón de que ya la había visto antes en otros documentos relacionados al autogolpe de 1991.

No obstante, el testigo expresó que desconoce porque no se llevaron a cabo la mencionadas ejecuciones a estos elementos terroristas.

También Merino Bartet reveló que participó en la elaboración de seis planes operativos de inteligencia, como en la redacción de una carta que Abimael Guzmán envió a Montesinos reconociendo su labor en la pacificación nacional.

Agregó que el 'Doc' era el que investigaba y decidía sobre los planes de inteligencia que se realizaban en el SIN. "Era poco comunicativo sobre las personas que influían para que elaborara planes de inteligencia", refirió.

En otro momento, contó que cuando se difundió el primer vladivideo el 14 setiembre del año 2000, que demostraba la red de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, manifestó “ahora sí estoy liquidado”.

Ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Merino Bartet dio a conocer la primera declaración que formuló el entonces brazo derecho de Fujimori cuando salió a la luz el video Kouri-Montesinos, que acabó con el gobierno de ese entonces.

En dicha cinta se aprecia a Montesinos comprando el apoyo del congresista Alberto Kouri por 15 mil dólares. Dicha reunión irónicamente fue grabada por el propio ex asesor.

“Montesinos sumamente nervioso me dijo textualmente: ‘ahora sí estoy liquidado’”, manifestó Merino Bartet ante el tribunal. El testigo sostuvo que cuando el ex asesor presidencial formuló esta expresión, le respondió “este el perdigón bajo el ala y las cosas no volverán a ser como han sido”.

Merino señaló que un nervioso Montesinos pidió ayuda para solucionar el problema que se generaba, y se le recomendó pedir una investigación a la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien posteriormente la archivaría.

Por otro lado, Merino Bartet indicó que a partir de junio de 1991 se manejaron desde el SIN los proyectos de ley que servirían para la ejecución del autogolpe del 5 de abril de 1992.

Además, indicó que por orden expresa del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres redactó el discurso que el mencionado día pronunció a la nación el ex jefe de Estado Alberto Fujimori.

Al respecto, el testigo dijo que durante el tiempo que trabajó para la administración pública redactó al menos 5 mil discursos, como por ejemplo para ministros de Defensa y del Interior.

Merino señaló ante el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén que en muchas oportunidades redactó los discursos de jefes militares, como los del entonces general Nicolás Hermoza Ríos.

También indicó que tuvo a su cargo la corrección de estilo del documento en donde se daba cuenta de lo que sería el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción.

Asimismo, refirió que en el SIN se corrió el rumor de que el golpe del 5 de abril se produjo porque un grupo de congresistas estaba haciendo circular un documento en el poder legislativo para declarar la bacancia presidencial.

Cabe indicar que en un momento de la sesión, el ex asesor político del SIN le pidió al abogado del ex mandatario, César Nakazaki, que no haga "preguntas tortuosas y molestas", y vaya a preguntas más directas.

Rafael Merino viene siendo interrogado en calidad de testigo en el juicio que se le sigue al ex jefe de Estado por presuntas violaciones a los derechos humanos en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía.