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Ley General de Educación
Es una necesidad contar pronto con una nueva Ley General de Educación debido a que la actual, No. 23384, promulgada en 1982, resulta obsoleta ante las nuevas demandas educativas nacionales que exigen los cambios socioeconómicos, técnicos y científicos ocurridos en el mundo.
El Congreso de la República ha iniciado el debate trascendental de los dos dictámenes en mayoría y el alternativo sustentados ante el pleno. Sin duda que la aprobación de la futura norma deberá ser fruto del más amplio debate y consenso de todas las bancadas parlamentarias.
Nuestro dictamen alternativo propone el acceso a una educación gratuita, de calidad con equidad, moderna y descentralizada. Establece 14 grados articulados (inicial, primaria y secundaria) definidos como educación básica.
Plantea la creación de un Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. El objetivo es claro: evaluar los aprendizajes y acreditar la calidad de las instituciones educativas. Esto se complementa con la propuesta de destinar anualmente no menos del 6 por ciento del PBI a la educación de gestión estatal.
La educación inicial comprende a los niños de 3, 4 y 5 años, y el dictamen alternativo alienta formas no escolarizadas, escuela para padres y la participación intersectorial en la edad de 0 a 2 años. Respecto a la primaria, propone que sus dos últimos grados se articulen con el primer grado de la secundaria, para lograr el tránsito progresivo hacia las formas de organización curricular en esta etapa del proceso educativo.
También postula la vinculación del trabajo con la educación, especialmente en la secundaria que se organiza en dos ciclos, de tres y dos años, cada uno. Aquí se incorpora el componente vocacional y otro de calificación técnico laboral, que otorgará a quien concluya satisfactoriamente el diploma de egresado en educación básica con mención en una especialidad técnica, quedando listo para trabajar o seguir la educación superior.
Aquí otras importantes propuestas del dictamen en minoría:
-Propone mayor autonomía del centro educativo, con facultades para seleccionar y designar a su personal docente y administrativo, y recibir directamente asignaciones presupuestales. Además de decidir sobre los textos y materiales educativos de acuerdo a su realidad.
-Discrepa con el dictamen en mayoría que transfiere en uso y a título gratuito la infraestructura del Estado a los centros educativos "comunales", que son de naturaleza privada, en circunstancias que existe una crisis nacional en infraestructura educativa. Se privaría al centro educativo de generar recursos económicos propios.
-Propone, en cambio, la transferencia del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud (INFES) a los Gobiernos Locales que son las instancias de gobierno que podrán optimizar el uso y mantenimiento de los locales educativos de sus jurisdicciones.
-Propone que las provincias afines en comunicación y geografía se agrupen en una unidad de gestión educativa local, evitando gastos innecesarios al Estado y más burocracia. El dictamen en mayoría plantea la creación de más 190 unidades de gestión educativa a igual número de provincias.
-Propone un FONDO ROTATORIO, exoneraciones y beneficios tributarios, capacidad de endeudamiento de las instituciones educativas, entre otros, como formas de financiamiento complementario a los recursos del Tesoro Público que conforme al compromiso político asumido en el Acuerdo Nacional deberá alcanzar progresivamente hasta el 6% del PBI.
-Discrepa del dictamen en mayoría que propone trasladar a los gobiernos locales las funciones de dirección, monitoreo y de evaluación de la gestión administrativa y pedagógica de las instituciones educativas, porque éstas no tienen el personal especializado ni recursos.
-No comparte la opinión que los Consejos Regionales y Locales, que son órganos de asesoramiento y consultivos de participación y vigilancia ciudadana, tengan que opinar sobre el nombramiento de los Directores Regionales y Locales, porque les restaría autonomía.
Mercedes Cabanillas Segunda Vicepresidente del Congreso
