¿Cree que Alan García sea “el presidente de los ricos”, tal como lo dijo Lourdes Flores?
Reto en la Educación
Tras 21 años, el Perú cuenta ahora con una nueva y moderna Ley General de Educación que propicia un servicio educativo nacional gratuito y de calidad, en concordancia con los grandes cambios sociales, económicos, técnicos y científicos, producidos en el mundo durante los últimos años. La norma, quizás la más importante que aprobó el Congreso en lo que va de su gestión legislativa, es también el resultado del más amplio consenso con todas las fuerzas políticas del Parlamento y la participación de la comunidad académica, padres de familia y de profesionales, no solo docentes, que aportaron en esta nueva visión educativa moderna y vinculada al trabajo.
Al cumplir con su promulgación, el presidente Alejandro Toledo marcó así el inicio de nuevas perspectivas y retos para enfrentar la grave crisis de la educación nacional. El gobierno tiene ahora la enorme responsabilidad de hacer que la ley se cumpla a cabalidad. La norma no debe caer en "saco roto" ya que de por medio está la superación de nuestros hijos.
Por ello, es crucial que se cumpla la meta fijada en la nueva Ley General de Educación de destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal en forma gradual hasta el 2006. No comparto el anuncio presidencial de aumentar sólo en 0.25% del PBI el presupuesto anual para el sector educativo, porque se requiere un incremento en 1% si se desea alcanzar el ansiado 6%. Con el presupuesto actual de 3% no se puede hacer nada para sacar a la educación nacional del abismo en que se encuentra. El presidente Toledo debe hacer las precisiones del caso.
Otro anuncio que resulta una improvisación es presentar a más tardar en diciembre el Programa Nacional de Emergencia Educativa. Cómo es posible que después de declarar en emergencia la educación, recién el gobierno se disponga a elaborar un plan para enfrentar esta situación. El anuncio debió ir acompañado desde el primer momento por un conjunto de medidas y prioridades porque no estamos para seguir perdiendo el tiempo.
Respecto a las bondades de la Ley General de Educación, hay que destacar también que garantiza plenamente la gratuidad y calidad educativa pública con equidad en los 14 grados articulados que conformaran la inicial, primaria y secundaria, definidos en su conjunto como Educación Básica.
Hay que precisar que la nueva norma crea un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. El objetivo es claro: evaluar los aprendizajes y acreditar la calidad de las instituciones educativas. Esto va de la mano con los programas permanentes de capacitación y evaluación del profesorado con la participación del gremio magisterial, padres de familia y la comunidad educativa.
La obligatoriedad de la educación inicial comprende los 3, 4 y 5 años; alentando formas no escolarizadas, escuela de padres y la participación intersectorial en la edad de 0 a 2 años. En la educación primaria, se establece que sus dos últimos grados se articulen con el primer grado de la secundaria, para lograr el tránsito progresivo hacia las formas de organización curricular en esta etapa de enseñanza. Así se dará mayor prioridad al componente vocacional y al de calificación técnico laboral que se otorgará el Diploma al que egrese satisfactoria de la educación básica, quedando expedito para insertarse en el mercado laboral del nivel técnico y/o continuar la educación superior.
Otro detalle importante es la mayor autonomía que tendrá el centro educativo para seleccionar y designar a su personal docente y administrativo, recibir directamente asignaciones presupuestales, diversificar su programa curricular, y decidir sobre los textos y materiales educativos de acuerdo a su realidad. Así está gestión será participativa, flexible y, sobre todo, descentralizada que se iniciará en la escuela, que a la vez coordinará con la unidad de gestión educativa local, instancia autónoma que agilizará el proceso administrativo, y se reportará ante la Dirección Regional de Educación de su jurisdicción y, ésta al Ministerio de Educación.
Hay que destacar que los Gobiernos Locales apoyarán a la educación sin asumir funciones de dirección, monitoreo y de evaluación de la gestión administrativa y pedagógica de las instituciones educativas. Los Consejos Regionales y Locales, que son órganos de asesoramiento y consultivos de participación y vigilancia ciudadana, no tendrán opinión sobre el nombramiento de los Directores Regionales y Locales, porque así se les restaría autonomía
Estas son sólo algunas de las importantes innovaciones que recoge la Ley General de Educación, herramienta que estoy convencida contribuirá en mejorar la calidad educativa nacional, pero siempre y cuando las decisiones políticas den la primera prioridad a este sector, particularmente en alcanzar la meta presupuestal del 6% del PBI al 2006. Esperamos que esto se haga realidad por el bien de todos.
