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¿Cree que Alan García sea “el presidente de los ricos”, tal como lo dijo Lourdes Flores?
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DENUNCIA INTROMISIÓN |
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(Peru.com: 2006/9/1) El congresista de Unión por el Perú (UPP) Daniel Abugattás denunció que existe "una intromisión por parte del Ejecutivo" en la apertura de la instrucción con orden de impedimento de salida del país contra Ollanta Humala por el 'Caso Madre Mía'.
Abugattás, además, dejó entrever que la titular del Cuarto Juzgado Supraprovincial Penal, Miluska Cano, que abrió el proceso contra Humala, favoreció al presidente Alan García Pérez cuando fue acusado en el 'Caso Cayara' al decidir no abrir una instrucción contra el ahora Mandatario sosteniendo que los testimoniales no eran suficientes.
Asimismo, señaló que el vocal Pablo Talavera, presidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, instancia de la cual depende el despacho de Cano, es un "conocido militante aprista".
Sin embargo, indicó que sería irresponsable de su parte culpar al Partido Aprista (PAP) por la intromisión, pero sí dijo estar seguro que existe una "intencionalidad política" de alguno de sus integrantes.
El polémico parlamentario, no obstante, reiteró que Humala Tasso cooperará y se someterá a los mandatos judiciales en lo que calificó como un "juicio simbólico" para demostrar que no todos los militares actuaron mal en la lucha contra el terrorismo.
De otro lado, hizo un llamado a la prensa para que tenga una "labor de prevención" para evitar "distorsiones de tipo político" durante el desarrollo del proceso contra su líder partidario. "Les pido por favor que colaboren", anotó.
Consultado sobre las opiniones del legislador Carlos Torres Caro, quien dijo que siempre le aconsejó a Humala que tenga cuidado con el 'Caso Madre Mía', Abugattás indicó que con esas opiniones el ex nacionalista solamente demuestra que su afán de "figuretismo no tiene límites".
Como se recuerda, la jueza Cano, abrió instrucción contra Humala por los delitos contra la humanidad, en la modalidad de desaparición forzada, asesinato y lesiones graves. La magistrada adoptó esta decisión al considerar que existen suficientes elementos de la comisión de un posible delito cometido por el militar en retiro cuando fue destacado a la base contrasubversiva de Madre Mía en San Martín, en el año 1992.
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