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TESORO NATURAL EN PELIGRO
(Peru.com)La Amazonía peruana guarda innumerables y valiosas riquezas naturales que deberían ser protegidas. Sin embargo, la subasta de terrenos, realizada por el Gobierno, para la exploración y explotación de hidrocarburos, que se superponen a ecosistemas frágiles y hábitat de nativos no contactados, refleja un interés contrario. Un ejemplo de ello y a decir del presidente de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Alberto Barandiarán, es la "fresa de la torta", sería la propuesta del Ministerio de Agricultura para recortar 209 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Madre de Dios, para una concesión de búsqueda de gas y crudo. Esta iniciativa ha sido criticada por ambientalistas del mundo entero, quienes aseguran que ello causará daños irreparables en uno de los últimos pulmones del planeta.
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Texto:Jaisia Amaro (jaisia.amaro@interlatincorp.com)
Fotos: Christian Tinoco/www.salvemoscandamo.com
Videos: Christian Tinoco
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"Nosotros no estamos en contra de la inversión, el problema es como se lleva a cabo", dice Barandiarán, al explicar que el Gobierno abre las puertas para las exploraciones de hidrocarburos, que se superponen a áreas naturales reservadas, pero no define los estándares que se deben tener para realizar trabajos allí.
"Es que el Ministerio de Energías y Minas y Perupetro (agencia estatal que promueve la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos) tienen por encargo principal promover actividades de hidrocarburos, mineros y energéticos. El tema ambiental y social es un componente más, pero no es una prioridad. El mensaje que tú encuentras en todos los medios es que 'este año vamos a batir el récord de los contratos de hidrocarburos en el Perú', y sólo esos son sus indicadores de éxito", sostiene.
Eso lo demuestra la última firma de 18 nuevos contratos para explotar gas y crudo por parte del Estado con 12 empresas internacionales, cuyos lotes 135, 137, 142 y 138, se superponen a las propuestas de Reserva Yavarí Tapiche y Yavarí Mirín y a la Reserva Territorial Isconahua, según lo denunciaron dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Barandiarán explica que dentro de las áreas naturales protegidas hay áreas reservadas, es decir que todavía no han sido categorizadas como: Parques nacionales, santuarios históricos o reservas nacionales, debido a que todavía no concluyen los estudios para ello. Sin embargo, sostiene que el Estado, "incumpliendo el marco legal, incide políticamente en el (Instituto Nacional de Recursos Naturales) INRENA para que suelten estas áreas que son materia de lotes de hidrocarburos" y así no hallen obstáculos para la actividad empresarial.
Para el también abogado ambientalista, la propuesta para recortar 209 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuja Sonene, es sólo una fase más de la política de inversiones indiscriminadas en hidrocarburos que está realizando el Gobierno, la cual incluso, dice incluye el Parque Nacional del Manu. "Las dos áreas naturales protegidas más importantes del país", indicó.
Si bien es cierto que el Ejecutivo ha negado la existencia de una pretensión semejante, el 26 de setiembre, el Ministerio de Agricultura presentó al Consejo de Ministros una propuesta para recortar parte del Bahuaja Sonene. Cabe señalar que oponerse a esta propuesta le habría costado el puesto al ex intendente de Áreas Naturales Protegidas del INRENA Luis Alfaro.
"No se trata de proteger pajaritos. Es decir, preferir que la gente se muera de hambre obstaculizando las inversiones sólo por proteger pajaritos (...)", dice Barandearán al recordar las críticas a sus observaciones. "La única cuenca de agua limpia que hay en Madre de Dios es la que se origina en el área dentro del parque Bahuaja Sonene. "Eso no sólo es un tema de agua limpia para beber, es un ecosistema que permite el desove de peces, de los que se alimentan las personas de esa área. También hay especies de importancia de económica como plantas medicinales, conocimientos tradicionales y el turismo", agrega.
Para el especialista, con estas actitudes, lo único que revela el Gobierno es su interés por obtener rentas económicas que les permitan realizar sus políticas a corto plazo, sin importar los costos que ello tendrá para la población a largo plazo. "El precio a casi 100 dólares el barril (de petróleo) les da la licencia de hacer lo que quieran. Además el discurso de que será energía que nos asegurará el futuro es falso porque esos recursos no se van a quedar en el país sino que se explotan para abastecer el mercado internacional", enfatiza.
Asimismo, aseguró que los trabajos de búsqueda de hidrocarburos en ecosistemas tan frágiles, siempre generarán impactos negativos. "Si como país ya declaraste una zona como de alto riesgo, por sus características biológicas, de biodiversidad y recursos hídricos, obviamente tu prioridad en esa área debe ser de manejo y conservación", precisa.
Es por ello, que DAR, junto con otras organizaciones ambientalistas han presentado en conjunto diversas iniciativas para ayudar a mejorar las políticas de conservación ambientales a favor de la población. Sin embargo, Barandiarán reconoce que el Estado demuestra poca o nula receptividad. "Mayor atención tenemos de las propias empresas inversoras que del Estado confiesa",señala.
Explica que hasta ahora hay dos empresas de hidrocarburos, una de ellas china, que se han comprometido, ante notario público, que no van a desarrollar ningún tipo de actividad en los espacios donde hay superposición de áreas naturales. Incluso han solicitado a Perupetro la revisión del lote en aquellas zonas en la que se superpone una reserva territorial a favor de indígenas aislados y otro lote con la reserva nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Sin embargo, el Estado hasta ahora no les ha dado la reducción solicitada.
Otro de los motivos para que las empresas extractoras se preocupen de no dañar los ecosistemas es la aversión que se ha generado en las tribus y pobladores, que se sienten amenazados por las intervenciones externas. "Cuando van los técnicos (de una empresa) a un lote, los pobladores los reciben con retrocargas y el Estado se lava las manos", dice. Barandiarán asegura que el trabajo de su organización y de otras, que defienden la protección del medio ambiente, es de hormiga, porque se da cuenta que "el Estado esta negando el problema y al negar el problema, evidentemente no busca una solución".
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