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El desarrollo del juicio de Alberto Fujimori no hace sino evidenciar, cada vez más, los vínculos que había entre el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas; el comando general del Ejército, dirigido por Hermoza Ríos; el Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el control práctico de Vladimiro Montesinos; y los denominados "destacamentos paramilitares", y específicamente el llamado destacamento Colina.

Los crímenes que se produjeron en Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta por el destacamento Colina -está claro- estaban directamente vinculados con el Servicio de Inteligencia del Ejército, de donde provenían la mayor parte de los miembros del llamado destacamento Colina, con el Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de Vladimiro Montesinos, y con el general Hermoza Ríos como comandante general del Ejército. Todos ellos estaban plenamente informados: el destacamento Colina operaba con vehículos, armas, municiones y equipo entregados por el Ejército del Perú.

El destacamento Colina producía acciones como la matanza de Barrios Altos o de La Cantuta con el apoyo de soldados, suboficiales y elementos de las Fuerzas Armadas que le prestaban respaldo y protección, como los camiones que actuaron en Barrios Altos o el destacamento militar que controlaba la Universidad La Cantuta y le abrió paso, y le facilitó el trabajo al destacamento Colina.

Los crímenes involucraban a los jefes de esas instituciones y contaban con el apoyo de las mismas. Pero, además, el jefe supremo del Ejército era nada menos que Alberto Fujimori; y según la Ley de Inteligencia cambiada por el mismo Fujimori, él también era el jefe máximo del Servicio de Inteligencia Nacional, a quien tenían que reportarle las acciones, operaciones e información que recogían; de modo que Fujimori estaba plenamente enterado.

Pero ahora, además, está claro que Fujimori negoció a través de determinados oficiales, cuando salió a la luz lo del grupo Colina, la amnistía que recibirían estos asesinos. Ese oficial habló con los miembros del grupo Colina, el general Juan Rivero Lazo, y les prometió que si Fujimori era reelegido en 1995, el Congreso daría una Ley de Amnistía. La promesa se convirtió en realidad: propuesta por Martha Chávez, votada por Rafael Rey -actual ministro del gobierno del APRA, salió la Ley de Amnistía, como forma de callar la boca a los criminales del grupo Colina sobre los verdaderos responsables y autores intelectuales de los hechos.

Cada vez está más claro: la cabeza de la banda era Alberto Fujimori y el proceso judicial deberá culminar con una enérgica condena a quien fue responsable de estos execrables crímenes.
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