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CIDH aclara que evalúa pedido de interpretación del Caso Castro Castro |
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(Peru.com: 2008/5/28) El pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa la evaluación del pedido de interpretación formulado por el Estado peruano sobre la sentencia del caso del penal Miguel Castro Castro, y aún carece de fecha para emitir una resolución, informó el portavoz de ese organismo, Arturo Monge.
“Según el abogado encargado del caso, no existe ninguna disposición de la Corte. La última decisión sobre el caso fue la resolución del 3 de mayo, en la cual se modificó la composición de los jueces que evalúan la interpretación de sentencia”, dijo a Andina.
Explicó que la composición de la Corte que falló en 2006 el caso Castro Castro ha variado el año pasado, de tal manera que los siete magistrados que emitieron la sentencia, tres de ellos ya no forman parte de la institución.
Se trata de Oliver Jackman (Barbados), quien falleció el año pasado; el juez Alirio Abreu (Venezuela) y el ex presidente de la corte, Antonio Cançado Trindade (Brasil).
Monge mencionó que los ex magistrados deberán ser consultados porque así lo estipula tanto el reglamento interno como en el estatuto de la Corte, los cuales no establecen plazo para la emisión de sentencia.
Agregó, no obstante, que Alirio Abreu será reemplazado por el actual magistrado Leonardo Franco (Argentina) por “una grave e imprevista razón de fuerza mayor”.
En el caso del fallecido Jackman de Barbados, dijo que no lo remplazará nadie porque el quórum necesario para emitir sentencia es de cinco jueces.
Asimismo, indicó que los actuales jueces que participarán en la sentencia de interpretación son Sergio García Ramírez (México), Cecilia Medina Quiroga (Chile), Manuel Ventura Robles (Costa Rica).
“La Corte continúa adelante con la tramitación de la interpretación de la sentencia. Los magistrados siguen estudiando el expediente (…) Sin embargo, yo estimo que esa fecha se estará definiendo prontamente”, informó.
Perú planteó a la Corte IDH una interpretación de la sentencia del referido caso, dictada a mediados de diciembre de 2006, el cual ordena al Estado peruano indemnizar a los deudos de 41 personas acusadas de terrorismo que murieron en el penal Castro Castro en 1992.
El fallo dispone también desagraviar públicamente a los fallecidos en una ceremonia con la presencia de altas autoridades y a colocar sus nombres en el monumento "El ojo que llora".
La demanda peruana, según explicó el anterior agente del Estado en este caso, Luis Salgado, no busca desconocer las ejecuciones extrajudiciales en Castro Castro, sino precisar que éstas se dieron en un régimen no democrático y que las reparaciones fijadas en el fallo no contribuyen al objetivo de la reconciliación del país.
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