Lima (Peru.com).- La Procuraduría Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, presentó una denuncia penal contra Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Inter-Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y quienes resulten responsables de los actos de desorden ocasionados en el interior del país.

 

La denuncia, presentada por el procurador Julio Talledo Chávez, establece que los agresores habrían incurrido en los delitos de medio de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en la modalidad de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y delitos contra la tranquilidad pública.

 

Posteriormente, la denuncia fue ampliada por los procuradores de los sectores Interior y Energía y Minas, y se incluyó en ella a Marcial Mudarra Taki, Saul Puerta Peña, Servando Puerta Peña, Daniel Marzano Campos y Teresita Antaza Lopez.

 

En la denuncia, se indica que Pizango lidera un grupo que busca la derogatoria de algunos decretos legislativos, para lo cual dirige contingentes que impiden el libre tránsito y los servicios públicos, además de bloquear el acceso a diferentes localidades de la selva.

 

Asimismo, hace referencia a las declaraciones que el presidente de Aidesep realizó recientemente en las cuales anunció que su agrupación decidió prepararse para realizar actividades delictivas.

 

El Ministerio del Interior recordó que el 30 de mayo último, Pizango se dirigió a los nativos de La Convención (Cusco) para que con premeditación y alevosía procedieran a tomar los ductos que conducen el gas de Camisea, manipulando dolosamente las válvulas en el kilómetro 152.

 

La denuncia también indica que un grupo de personas lideradas por Pizango cortaron el cableado de fibra óptica en el kilómetro 122, ocasionando a los servicios de comunicaciones.

 

Sostiene también que los hechos delictivos denunciados constituyen delito continuado porque Pizango es investigado por los delitos de rebelión, sedición y otros en la 44 Fiscalía Provincial Penal de Lima, y por los delitos contra la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba, Amazonas.

 

Señala también que al atentar contra los servicios públicos se ocasionó daños inconmensurables a la colectividad porque se propició el desabastecimiento de la energía (gas) para el suministro doméstico, industrial y otros.