Tegucigalpa (Peru.com).- (EFE) Los miembros del Congreso Nacional aceptaron una supuesta renuncia del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en una sesión extraordinaria convocada tras la captura y deportación del jefe de Estado, quien negó la autoría de esa renuncia.

En la sesión retransmitida por medios locales, se dio lectura a una "correspondencia" atribuida a Zelaya en la que el presidente supuestamente renunciaba dada la "situación política polarizada que se ha presentado, la cual ha dado lugar al desencadenamiento de un conflicto nacional".

"Y debido a problemas graves de salud -continúa- que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado, cumplo con mi deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República junto con la de mi gabinete de Gobierno", señala la carta leía en el Legislativo.

Minutos después y en declaraciones a la prensa, el propio Zelaya negó categóricamente haber renunciado al cargo en unas declaraciones ofrecidas en Costa Rica, donde fue acogido en calidad de "huésped".

"Nunca he renunciado y nunca voy a utilizar ese mecanismo", dijo Zelaya a la cadena CNN en español.

Tras aceptar la supuesta renuncia del gobernante, los congresistas hondureños dieron paso a un descanso de media hora. "Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional", añadía la supuesta misiva.

El secretario privado de Zelaya, Eduardo Enrique Reina, ratificó a Efe que ese mensaje "es plenamente falso" y acusó directamente al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, de maniobrar para sacar al mandatario del poder.

Reina recordó que Zelaya denunció en Costa Rica que fue sacado del poder por la fuerza y contra su voluntad.

Según la Constitución hondureña, el presidente del Parlamento sustituye al gobernante en ausencia total de este y del vicepresidente, en este caso Elvin Santos, quien renunció en 2008.

Zelaya fue expulsado horas antes de una consulta popular convocada por él con el fin de conseguir el aval para instalar una Asamblea Constituyente para reformar la actual Constitución, vigente desde 1982, o emitir una nueva, proceso que fue declarado ilegal por la justicia ordinaria y electoral.