Lima (Peru.com).- Documentos prueban que durante nueve años la congresista Rocío González percibió una pensión de orfandad de la Oficina Nacional Previsional (ONP), a pesar de que cuando se dio la resolución respectiva, ella ya era empresaria. Incluso recibió indebidamente este beneficio algunos meses después de ejercer su función como legisladora.
Según el diario 'Perú.21', la parlamentaria defensora de los etnocaceristas no solo le robó energía eléctrica al Estado sino que, a la muerte de su madre, en 1996 -una cesante del magisterio-, solicitó que se le reconociera una pensión de orfandad por ser hija soltera mayor, en aplicación del artículo 34, inciso c del Decreto Ley 20530, conocida como de la cédula viva.
Lo cuestionable es que este beneficio le fue otorgado por la ONP cuando González no era una mujer desamparada sino toda una empresaria. El Decreto Ley 20530 establece que podrán acogerse a esta pensión "las hijas solteras que no estén cubiertas por la seguridad social ni tengan actividad lucrativa".
El 31 de diciembre de 1997 se emite la resolución de la ONP que otorga la pensión de 916 soles a la hoy parlamentaria, pese a que -como consta en la propia SUNAT- el 11 de noviembre de ese año ya había inscrito a su empresa Proalim, dedicada a la producción de alimentos lácteos.
Su negocio le dio buenos réditos económicos y logró importantes contratos con municipios, pero González recibió la pensión hasta setiembre de 2006.
Dicho diario entrevistó a la legisladora sobre este nuevo escándalo y, tras admitir el cobro indebido, lo justificó señalando que no había leído la ley correspondiente y que es "una persona emprendedora".
Cuando se le preguntó que podía tener su empresa pero dejar la pensión, respondió "de forma emprendedora, la gente inicia una empresa que a veces progresa y a veces no". "Todos estos casos anteceden a mi cargo congresal, sería bueno que evalúen las cosas y sean más objetivos", puntualizó.
Dicho diario accedió también a otro documento de la oficina de Administración de la Gerencia de Educación del Gobierno Regional de Arequipa en la que se deja constancia de una reversión de pago indebido que corresponde a las pensiones que González cobró en julio, agosto y setiembre de 2006 y que prueba que ella siguió recibiendo ese dinero cuando ya había asumido sus funciones legislativas.
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