En medio de extremas medidas de seguridad, el cabecilla del grupo "El Aguante" fue llevado pasadas las 6 y 30 de la tarde desde la carceleta del Poder Judicial al centro penitenciario ubicado en San Juan de Lurigancho.
Tras bajar por las escalinatas del edificio del Ministerio Público, escoltado por efectivos de la Policía, y luego de ser introducido en un vehículo de las fuerzas del orden, la prensa inició una persecución móvil que terminó con algunos choques de vehículos cerca de la carceleta del Poder Judicial.
Cabe indicar que la jueza Choquehuanca acogió la denuncia que el fiscal Humberto Méndez presentó contra Ramos Pérez, en el que lo responsabiliza por la muerte de la joven contadora.
'Bolón' será procesado, vía sumaria, por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y hurto agravado en grado de tentativa, en agravio de Vargas Ortiz; así como por el cargo de disturbios en perjuicio de la sociedad.
La magistrada también dispuso el embargo preventivo de los bienes de ‘Bolón’, a fin de salvaguardar el pago de una eventual reparación civil. El barrista permanecerá en la carceleta judicial hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina en qué penal será recluido.
Los otros encausados
Con relación a los barristas Erick Sandoval Vargas, Jhonatan Salazar Robles, Juan Gutiérrez Muñoz, Gonzalo Cáceres Ramos, Iván Cagnevari Rivas y Julio Rengifo Gutiérrez, se les abrió instrucción con mandato de comparecencia restringida por delito de disturbios en agravio de la sociedad.
Se señala que la judicatura, en uso de sus facultades y con la finalidad de asegurar que los denunciados cumplan con presentarse al juzgado y dada la naturaleza de delito, impuso a los mencionados encausados la orden de impedimento de salida del país.
Al fundamentar la orden de detención contra Ramos Pérez, la doctora Choquehuanca señala que en su caso concurren los tres requisitos establecidos por el artículo 135° del Código Procesal Penal: la existencia de suficientes elementos que vinculan la investigado con los hechos ilícitos que se le imputan, los delitos son sancionados con penas mayores al año de prisión y existe peligro procesal.
Finalmente, a Miguel Flores Mena le abrió instrucción con mandato de comparecencia, como presunto autor del delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión de actos funcionales.
La jueza también dispuso el embargo preventivo de los bienes de los encausados a fin que puedan cubrir el monto de una posible reparación civil a favor de los agraviados.
Finalmente, el expediente de este caso será remitido a la Mesa de Partes de los Juzgaos Penales de la Corte de Lima a fin que, por la vía aleatoria, sea derivado un juzgado penal para procesos con reos en cárcel.