Lima (Peru.com).- El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado a Perú por siete casos, por cuales es juzgado actualmente por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que conduce el juez César San Martín.
Violación de Derechos Humanos
. Caso Barrios Altos
Eran las 10 y 30 de la noche del 3 de noviembre de 1991 y la fiesta recién estaba tomando color en el viejo solar de calle Jirón Huanta 840, en la zona de Barrios Altos, en pleno Centro de Lima, cuando cerca de una decena de hombres armados y con sus rostros cubiertos por pasamontañas ingresaron al inmueble disparando a la veintena de moradores que estaban presentes.
Quince de ellos murieron asesinados, entre ellos Javier Ríos Rojas, de 8 años, y su padre Manuel Ríos Pérez de 33. Otros cuatro quedaron gravemente heridos. La investigación judicial lograría establecer varios años después que la masacre había sido ejecutada por miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) destinado a la eliminación física de extremistas, en el marco de la operación "Ambulante".
. Caso La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, efectivos militares e integrantes del Grupo Colina invadieron los campus la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en una operación antiterrorista.
En medio de la oscuridad, irrumpieron en los dormitorios de los profesores y estudiantes, llevándose a la fuerza al académico Hugo Muñoz Sánchez y a nueve alumnos: Luis Ortiz Perea, Armando Perea Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Mariños Flores.
De los secuestrados no se supo nada durante un año, hasta que el 12 de julio del 1993, diez cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la quebrada de Chavilca, en la localidad de Cieneguilla. Habían sido ejecutados de un balazo en la cabeza y sus cuerpos, cuando ya estaban en avanzado estado de putrefacción, fueron trasladados e incinerados, en un intento por ocultar el crimen. Sólo dos de los cuerpos fueron identificados.
. Sótanos del SIE
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como Pentagonito, como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial. Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha dependencia además que tenía conocimiento de la estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas peruanas en la lucha contra la subversión.
La versión los ex agentes del grupo Colina, Jesús Sosa y Santiago Martin Rivas, los cuadernos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y las investigaciones de los casos fueron remitidas a la justicia chilena, a fin de demostrar que durante el gobierno de Fujimori existió un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que obedecía a una estrategia de lucha contra la subversión.
Corrupción
. Caso Allanamiento
Conocidas las primeras evidencias de la red de corrupción que operó durante su gobierno e iniciadas las primeras investigaciones en contra de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori, ejerciendo funciones que no le correspondían, dispuso la ejecución de un allanamiento en los domicilios de Trinidad Becerra, esposa del mencionado ex asesor, con la finalidad de ubicar y ocultar pruebas que pudieran incriminarlo. Para dicho propósito abusó de sus atribuciones constitucionales y dispuso que personal a su cargo actuara como fiscal en la referida diligencia.
. Caso 15 Millones
El ex jefe de Estado habría dispuesto recursos para ser entregados a su ex asesor Vladimiro Montesinos por la suma de 15 millones de dólares. Dicho dinero fue retirado del presupuesto del Ministerio de Defensa y luego entregado al mencionado ex asesor a título de una indebida e ilegal compensación por tiempo de servicios.
. Caso Congresistas Tránsfugas
A partir de abril del año 2000 se desviaron recursos del Estado al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y se creó un fondo para financiar actos de corrupción, efectuando pagos ilegales a diversos congresistas electos en las elecciones del 2000. Alberto Fujimori con su ex asesor Vladimiro Montesinos, los ministros de Defensa e Interior y los jefes de los institutos armados habría conformado esta organización que tuvo por objetivo inducir a algunos congresistas electos, mediante pagos, a cambiar de bancada e integrarse al partido de gobierno con la finalidad que éste obtenga mayoría parlamentaria (congresistas tránsfugas) o de lo contrario obtener su apoyo, a través de sus votos, pero manteniéndose en sus respectivas agrupaciones (congresistas topos).
. Caso Intercepción telefónica
La interceptación y escucha de conversaciones telefónicas de políticos, periodistas y otros personajes opositores al régimen fujimorista se dio durante el gobierno del ex presidente. Esta actividad delictiva se llevó a cabo sistemáticamente desde el 28 de julio de 1990 al 17 de noviembre de 2000, en el marco de aplicación del "Plan Emilio". Para la implementación de este plan, Fujimori utilizó indebidamente recursos del Estado.
. Caso Tractores chinos y Medios de Comunicación
Tractores chinos: En ejercicio de sus atribuciones como presidente de la República, utilizó recursos del Estado para financiar la adquisición de tractores a las Corporaciones Nacionales de la República Popular de China a través de diversos dispositivos legales que facilitaron el proceso de adjudicación directa en donde resultó beneficiada la empresa China National Constructional & Agricultura Machinery Import & Export Corporation". La maquinaria adquirida fue utilizada por el ex presidente Fujimori en beneficio propio como parte de sus actividades proselitistas.
Medios de comunicación: Se utilizaron recursos del Estado para la compra de Cable Canal Noticias (CCN) y la línea editorial del diario 'Expreso', a fin de obtener el apoyo y control de los medios de prensa para su segunda reelección, es decir utilizó dichos recursos para su beneficio personal. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordinó y delegó a Vladimiro Montesinos Torres las respectivas transacciones. Por las acciones de Cable Canal CCN se pagó la suma de 2 millones de dólares, lo que representaba el 75 por ciento de las acciones del referido canal. En el caso del diario 'Expreso' fue entregada la suma de un millón 750 mil dólares a su propietario, Eduardo Calmell del Solar.
Fuente: APRODEH
