Lima (Peru.com).- Son tres los magistratados que tienen a su cargo el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori. El tribunal es dirigido por César San Martin quien tiene la difícil tarea de decidri el futuro del ex mandatario.
César San Martín
Preside el tribunal que juzgará a Fujimori. A sus 53 años es un reconocido penalista con un buen bagaje académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lima. Cuando era juez de primera instancia y cercano a las organizaciones de derechos humanos fue expulsado de la carrera judicial por el Gobierno fujimorista.
Pero la vida da muchas vueltas y San Martín trabajó posteriormente como asesor de dos ministros de Justicia de Fujimori. Estampó su firma en documentos que negaban la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado contra las organizaciones rebeldes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Un informe del Comité Contra la Tortura de la ONU concluyó que dicha práctica era sistemática en Perú en los años de violencia. Fue recusado por los abogados del ex presidente en el juicio del autogolpe de 1991. Es vocal de la Corte Suprema desde 2004.
Víctor Prado
De 53 años, presidió la Quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima que ve casos de corrupción. Ha trabajado como consultor y experto de la ONU, la OEA y la Comunidad Andina de Naciones en asuntos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.
"Es un juez que dictó buenas sentencias contra la corrupción y a favor de los derechos humanos, aunque tiene un par de casos polémicos, como un fallo sobre la falsificación de firmas en la época fujimorista, que no calificó de delito", según el IDL.
Hugo Príncipe
De 58 años, tercer vocal de la Sala Penal Permanente, no se le conoce ninguna sentencia controvertida. En 1985, investigó el caso de Villa Coca, tras la explosión de un laboratorio de cocaína en la casa de Reynaldo Rodríguez, el Padrino, el narcotraficante más poderoso de la época.
En el caso estuvieron implicados políticos y altos mandos policiales. En el año 2003, acogió una denuncia contra una decena de ex funcionarios fujimoristas implicados en un escándalo de uso irregular de ropa donada.
