Lima (Peru.com).- El titular del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aclaró en el Congreso que las normas referidas a la forma en que las comunidades nativas determinarán el uso de sus tierras no son de carácter obligatorio, por lo que no se justifican las protestas en diversas localidades amazónicas.
También justificó las medidas de emergencia dadas por el Gobierno frente a ellas. “No podemos permitir que nadie, así tenga toda la razón del mundo, ocupe Camisea. Dejar que eso pase hubiera significado el colapso energético del país”, manifestó.
Durante su exposición ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Del Castillo indicó que la declaratoria de emergencia y la participación del Ejército permitió que la hidroeléctrica de El Muyo y las estaciones 5, 6 y 7 del Oleoducto Norperuano fueran liberadas.
De no haberse concretado ello “esta noche hubiéramos tenido que cortarle la energía eléctrica al departamento de Amazonas”, indicó. Asimismo, reiteró que de haberse permitido la ocupación de la planta de Camisea “hoy día estaríamos a oscuras en Lima”.
En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que “la opinión pública está completamente a favor de estas decisiones”. Ello se desprende –dijo- de “evaluaciones y análisis” efectuados por el Gobierno.
En cuanto a los decretos legislativos 1015 y 1073, cuya derogatoria exigen los representantes de las comunidades nativas, Del Castillo afirmó que, en conjunto, tienen “el sano propósito de promover a estas comunidades” y de darle a estas “la oportunidad de alcanzar el desarrollo”.
Refirió que la modificación que dichos dispositivos introducen es la de reducir de 66 a 51 por ciento el porcentaje de votos de sus miembros que serán necesarios para que cada comunidad amazónica decida qué uso hará de sus territorios.
Refirió que la norma anterior indicaba que en la sierra y en la selva debía de obtenerse 66 por ciento, mientras que en las comunidades costeñas se requería 51 por ciento. En ese sentido, agregó, la disminución busca “uniformizar el estatus legal en la toma de decisiones” respecto al uso de las tierras que ocupan estos grupos humanos.
Por ello cuestionó que se diga que mediante ellas el gobierno pretende despojar a los nativos de sus tierras “para entregárselas a las empresas multinacionales”.
“Las decisiones no las toma el Gobierno”, insistió, al tiempo de afirmar que el contenido de las normas mencionadas ha sido “tergiversado”.
Del mismo modo, indicó que su contenido fue objeto de debates previos e incluso de una exposición que él hizo ante los presidentes regionales de la Amazonía en Puerto Maldonado en la que también explicó el alcance de otras normas.
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