Lima (Peru.com).- El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ratificó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ese poder del Estado, las denuncias presentadas contra los legisladores Margarita Sucari y José Anaya, por la presunta comisión de diversos delitos penales.
Velásquez Quesquén participó - por varios minutos- en la sesión reservada que realiza la referida Subcomisión, para recibir los descargos de los citados parlamentarios.
Al respecto, el titular del Parlamento hizo votos para que el citado grupo de trabajo se pronuncie- lo antes posible- en torno a estos dos casos.
Dijo que apenas se emitan los informes correspondientes procederá a convocar a la Comisión Permanente para que tome una decisión al respecto, y se forme el grupo que deberá sustentar la denuncia ante el pleno del Congreso.
Respecto a las declaraciones de Anaya quien asegura que hay un presunto “interés político” en torno a la acusación en su contra, Velásquez aseveró que la mayor garantía respecto a que no existe esa intencionalidad reside en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está constituida por representantes de todas las fuerzas políticas, quienes serán los que evaluarán las pruebas y los cargos.
“El Pleno en última instancia revisará la decisión que debe salvaguardar a la institución parlamentaria. Y si se ha cometido un ilícito penal, que todo el peso de la sanción recaiga en los responsables”, añadió.
A Sucari se le acusa por los supuestos delitos contra la Administración Pública en la modalidad de concusión, y falsedad genérica, previstos en los artículos 382 y 438 del Código Penal, además de la supuesta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Carta Magna.
Los mismos se habrían configurado- según la denuncia- por haberse supuestamente apoderado de parte del sueldo que el Congreso de la República le pagó a la ex trabajadora de su despacho, Ivonne Araujo Salinas.
En tanto que a Anaya se le acusa por los presuntos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en procesos administrativos, falsificación de documentos y peculado.
Ello al haber adulterado- supuestamente- varias boletas de venta con las que sustentó parte de los gastos operativos que le asignó el Parlamento, según la denuncia.
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