Lima (Peru.com).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acordó acusar a los legisladores Margarita Sucari y José Anaya. Los dos casos pasarán a la Comisión Permanente y de allí al Pleno.
En el primer caso, la denuncia se aprobó por los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica por, presuntamente, haberse apoderado de parte del sueldo de una trabajadora de su despacho.
El acuerdo, que fue aprobado por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se basó en el informe final sobre el caso Sucari, el mismo que fue elaborado por el legislador nacionalista Daniel Abugattás, quien fue precisamente el delegado de la denuncia.
Dicha legisladora fue acusada de haberse apropiado de parte del sueldo de la ex auxiliar de su despacho, Ivonne Araujo, para favorecer a terceras personas.
El informe, que será remitido en las próximas horas a la Comisión Permanente, establece que se han configurado todos y cada uno de los elementos materiales del delito de falsedad genérica.
“Debiendo colegirse por lo tanto que la congresista Margarita Sucari Cari habría cometido este delito en agravio del Estado”, indica.
Al respecto, advierte que la referida legisladora presentó documentos administrativos “destinados a falsear o alterar la verdad” en el caso de su ex colaboradora Ivonne Araujo.
“En efecto la verdad era que Araujo no trabajó desde el 13 de mayo del 2008, en el Congreso, conforme lo reconoce ella misma y la congresista en sus declaraciones”, indica el informe, pese a que la legisladora en mención presentó documentos que establecían lo contrario.
En lo que respecta al delito de concusión, se establece que el mismo se habría configurado al haberse presionado a Ivonne Araujo para que entregue parte del monto que le asignaba el Congreso por concepto de su remuneración mensual.
En el caso de Anaya, la denuncia constitucional fue aprobada por ocho votos a favor y dos en contra por el presunto delito de la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en proceso administrativo, delito contra la fe pública, falsificación de documentos y contra la administración pública en la modalidad de peculado.
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