Lima (Peru.com).- El juez especial Jorge Barreto decidió poner en la congeladora la investigación sobre los 'petroaudios' y los 2 mil e-mails de la computadora del prófugo ex ministro Rómulo León Alegría, según algunas fuentes judiciales.
Lo que manifiestan las fuentes consultada por el diario ‘La República’ es que Barreto informó a su personal que los interrogatorios a los implicados y otras diligencias pedidas por la fiscalía, como la visualización del CPU de León Alegría, recién comenzarían en unos 15 días.
El magistrado habría argumentado falta de tiempo para esta decisión, pues prefiere destinar su tiempo a concluir los interrogatorios a cuatro funcionarios del PRONAA detenidos por actos de corrupción en dicha entidad.
Ante este hecho la fiscalía no confirmó, pero tampoco desmintió la versión. El fiscal esperaba tener acceso lo antes posible a la información contenida en el CPU de León, pues allí estima que habría indicios de otros casos de corrupción.
De otro lado, Barreto desestimó la denuncia del fiscal Óscar Zevallos por asociación ilícita contra Rómulo León Alegría, Alberto Químper Herrera, Ernesto Arias Schreiber y Fortunato Canaán.
El juez abrió proceso a los 15 implicados en este caso por cohecho pasivo propio, negociación incompatible, patrocinio ilegal, encubrimiento y tráfico de influencias.
Cabe resaltar que el delito de asociación ilícita tiene una pena que puede llegar hasta 35 años de cárcel, mientras que los delitos por los que serán procesados en el caso más grave, de cohecho pasivo propio, llegan a 10 años de prisión.
Además, en el caso de Químper, por ser mayor de 60 años, su pena se reduciría a la mitad, por lo que si llega a ser sentenciado la pena más larga que recibiría sería de cinco años.
Al respecto, Barreto indica que la fiscalía no presentó ninguna evidencia de que León, Químper, Arias Schreiber y Canaán integren una agrupación o sociedad de personas dedicada a cometer actos ilícitos.
Según Barreto, para atribuir asociación ilícita a un grupo de personas que comete un delito debe aportarse "el acuerdo por el cual sus miembros se comprometieron a vincularse entre sí para cometer delitos".
Dicho juez argumenta que los audios y videos aportados como prueba por la fiscalía no muestran evidencia o indicios de la existencia de una asociación ilícita, pues la investigación se centró en establecer la participación de los denunciados en la adjudicación de cinco lotes petroleros.
Sin embargo, el fiscal resalta diversos diálogos de los audios para demostrar que los denunciados formaban una asociación dedicada a actividades ilícitas en el Estado.
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