El magistrado comparó el juzgamiento a Videla, llevado a cabo ante justicia argentina por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen militar (1976 -1981), con el juicio que se le sigue a Fujimori por los mismos delitos.

Manifestó que “así como la justicia argentina impuso la condena máxima que rige en ese país de prisión perpetua, también la justicia peruana debe aplicarle a Fujimori la sanción máxima de 30 años, conforme establece la legislación para homicidio calificado, lesiones graves y secuestros”.

El dictador argentino fue juzgado en 1983 y hallado culpable de homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, entre otros graves delitos, y condenado a reclusión perpetua.

En 1990 el gobierno de Carlos Menen lo indultó de esta sentencia, pero recientemente fue recluido en una cárcel común por otros delitos referidos al robo y sustitución de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.

Pelaéz Bardales manifestó que la justicia del Perú no debe hacer distingos entre procesados, sean o no ex presidentes, ya que “todos deben ser juzgados y sancionados por igual” de acuerdo a la gravedad del delito cometido, sobretodo tratándose de violaciones a derechos humanos.

“Una sentencia condenatoria es un hecho positivo porque transmite a la ciudadanía nacional e internacional que no se hace distingos entre ex presidentes y personas comunes que cometen delitos”, refirió.

El fiscal supremo comparó también el juzgamiento a Fujimori con la que se le aplicó al ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue el primer ex jefe de Estado en comparecer ante un tribunal internacional por desaparición forzada de personas, entre otros delitos.