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CUESTIONADO
NOMBRAMIENTO
(Peru.com)
El nombramiento de Fernando Olivera como ministro
de Justicia provocó encendidas reacciones
del Partido Aprista Peruano que, a través
de su secretario general, Jorge Del Castillo,
expresó que esta designación debería
causar alarma entre la población.
El
reelecto congresista señaló que
esperaba que la cartera de Justicia fuera asignada
a un jurista. El señor Olivera no
ha pisado en su vida una Facultad de Derecho,
no tiene idea sobre el tema, indicó.
El
legislador aprista acusó al próximo
titular de Justicia de haber chantajeado al ex
presidente de directorio de CLAE, Carlos Manrique,
y de haber recibido un auto Volvo de manos del
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Quién
nos garantiza que Olivera no se va a dedicar a
presionar a los jueces y fiscales, cuando el deber
de un ministro de Justicia democrático
debe ser respetar la independencia del Poder Judicial
y del Ministerio Público, declaró.
Agregó
que el nombramiento del líder del Frente
Independiente Moralizador (FIM) es parte de un
acuerdo producto de una alianza electoral con
Perú Posible ya que, como se recuerda,
el FIM ofreció su apoyo a la candidatura
de Alejandro Toledo durante la segunda vuelta
electoral
Las
respuestas ante semejantes acusaciones no se hicieron
esperar. El primero en reaccionar fue el propio
Olivera, quien señaló que estaba
previsto que recibiría críticas
del Partido Aprista, pero que como demócratas
que somos, las escuchamos cuando son válidas.
Asimismo
indicó que no centrará su gestión
en perseguir al ex presidente y líder aprista,
Alan García Pérez, sobre quien pesaban
cargos de enriquecimiento ilícito, los
cuales prescribieron hace algunas semanas.
De
otro lado, el primer vicepresidente del Parlamento,
Henry Pease García, manifestó que
las observaciones de Del Castillo no tenían
sustento, ya que no es requisito indispensable
que el ministro del ramo tenga tal o cual
profesión.
Olivera
es un político de alto vuelo, que ha sido
candidato presidencial y ha tenido más
de un millón de votos. Tiene gran experiencia
legislativa y no reconocer esto es actuar según
objeciones personales, argumentó
Pease.
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