Reclaman respeto a la libertad de prensa
Múltiples pronunciamientos por denuncia contra Enrique Escardó V-G

Alan García Pérez y Lourdes Flores Nano, máximos dirigentes de los dos principales movimientos políticos del Perú, así como numerosos congresistas, empresarios, hombres de leyes y otras figuras, han rechazado los intentos gubernamentales de coactar la libertad de prensa y acallar a GENTE que denunciamos en nuestra edición anterior. También se han pronunciado respecto a la medida adoptada por la 2da Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios, que formalizó la denuncia penal contra Enrique Escardó Vallejo-Gallo por presunta Asociación Ilícita para Delinquir y como presunto cómplice de peculado en agravio del Estado peruano.

Alan García Pérez (Apra)

Sobre el caso de GENTE -como lo hemos hecho con otros medios cuando han sido amenazados de manera judicial- hay que presumir algunas motivaciones detrás de eso siempre. A nosotros nos parece que eso pone en peligro la libertad, y que eso significa limitar la democracia en el país. Jamás se puede tapar con un dedo lo que es la realidad, tapando a un medio de comunicación o buscando amenazarlo, ojalá eso no sea producto del gobierno. En todo caso, yo confío, además, que Enrique Escardó -que es mi amigo- no tiene que responder absolutamente ni por peculado ni por asociación ilícita para delinquir, podrá responder por otras cosas (risas), pero no creo que deba responder por eso. Tal vez, a veces algunos excesos de los que han sido víctimas otros (yo no, yo soy buen amigo de GENTE). Quisiera decir que tengo plena confianza en que eso no es así y que deseo que en ningún caso haya una persecución judicial o política contra la revista GENTE.

Lourdes Flores Nano

Veo con preocupación que se intente penalizar la decisión por una opción. Es evidente que en los años del fujimorismo tuve distancia con una revista a la que aprecio y quiero tanto como GENTE, porque no coincidía siempre con su línea editorial. Pero, soy una demócrata y, en consecuencia, creo que en democracia las líneas editoriales y la decisión de un medio de comunicación no son susceptibles de penalizarse. Yo creo, entonces, que habrá que distinguir entre la posición que cada cual pueda tener respecto a una definición política de las incidencias penales; y me solidarizo con Enrique Escardó, que espero sepa pasar este momento difícil para que, en todo caso, en su propia reflexión y en su propia línea periodística trace la línea mejor. Pero, que no se penalicen, que no se conviertan en actos punitivos o en actos sancionables lo que, en todo caso, fue una definición de la línea editorial de ese medio.

Yo creo que nos toca en esta etapa democrática saber distinguir claramente entre lo que pueda ser nuestra cercanía o distancia con un medio de comunicación –lo que es absolutamente legítimo en democracia– de la posibilidad concreta de haber cometido un delito y, en consecuencia, cuando, a partir de una discrepancia, esto se convierte en una materia penal, creo que, de hecho se puede estar cometiendo un abuso.

Luis Castañeda Lossio
(Candidato a la alcaldía de Lima)

No es cuestión de que se hagan acusaciones así al margen de la ley, lo que debemos respetar son los principios del derecho, la ley y el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el peculado no cabe cuando se trata de personas privadas, sino sobre funcionarios públicos. Sería deplorable -y lo rechazo desde ya- que hubiera algún tipo de presión. Ojalá que los jueces actúen con mucho criterio y de acuerdo a la legalidad y el derecho.

Javier Valle-Riestra
(Constitucionalista)

Lo grave en la materia es que se denuncia como cómplice de peculado a personas que no pueden cometer peculado, porque, para cometer peculado, hay que ser funcionario público.

Daniel Estrada Pérez
(Congresista del UPD y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del congreso)

Lo que yo percibo es que, desde el punto de vista de quienes ejercen actividades periodísticas en el Perú, hay un consenso de que se estaría produciendo un retroceso en cuanto a la libertad de prensa y de expresión, precisamente. Pero, yo no comparto plenamente este criterio, porque las condiciones de la libertad de prensa están dadas en el Perú. Inclusive, en muchos casos, en condiciones no solamente de libertad, sino también de libertinaje, porque, entre otras cosas, el Poder Judicial está dejando de ser un freno a las violaciones de la libertad de prensa y está confundiéndose el abuso de este derecho de expresarse con el desconocimiento de la autoridad que tiene el Poder Judicial. Por eso, creo que estamos llegando en el Perú¨a una situación crítica, en la que no hay posibilidad de poner un freno a los excesos de la libertad de prensa.

Yo con esto, de ninguna manera, estoy señalando casos en general, porque reconozco las condiciones éticas y morales y el conocimiento de los límites del derecho que tienen quienes expresan sus opiniones en la prensa, en la mayoría de casos, pero existe una confusión en la labor que desarrolla el Poder Judicial y los problemas empresariales que existen en diferentes medios de comunicación. Por eso, reitero que en el Perú hay condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa, pero hay también celos exacerbados y cuidados que van en demasía, lo que evita que cierto patrimonio de la colectividad -como es su propia honra- pueda ser afectada sin sanción de ninguna naturaleza.

José Barba Caballero
(Congresista de Unidad Nacional y miembro de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso)

Nosotros siempre, desde Unidad Nacional, hemos sido claros y precisos en decirle a la opinión pública y en decirle al Poder Ejecutivo que, so pretexto de luchar contra la corrupción, no se puede vulnerar la libertad de expresión en el país. Los casos muy concretos, como canal 4, canal 5, La Razón y ahora el caso reciente de la revista GENTE, nos indican, de una manera u otra, una especie de acoso, de persecución a determinados medios que, de alguna u otra manera, no están respaldando a este gobierno. Ello podría significar un desprestigio para el país, porque, evidentemente, las víctimas de estas prepotencias no se van a quedar con la sentencia nacional. Evidentemente, van a recurrir a los tribunales internacionales y eso podría devenir en un desprestigio para el sistema legal de nuestro país.

Lo que nosotros hemos visto es demasiada ligereza por parte de los jueces anticorrupción y, en consecuencia, también les hemos hecho, a través de Lourdes Flores Nano, un llamado de atención muy serio. Incluso, en determinado momento, amenazamos con retirarnos de la mesa de concertación si continuaban estos procesos irregulares contra los medios de comunicación. Ha habido respuestas consecutivas del Ejecutivo sobre que ellos no pueden intervenir en las decisiones del Poder Judicial y que los jueces anticorrupción son absolutamente libres e independientes, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Creo que el caso Zaraí es una prueba muy interesante de la manipulación que puede estar ejerciendo el poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Alfredo Gonzales Salazar
(Congresista de Solución Popular y miembro accesitario de la comisión de Producción y Pymes del Congreso)

«Es evidente que se está tratando de controlar a los medios de comunicación. Existe, no una manipulación escrita, sino por actitudes de los procuradores, de tratar, mediante el Poder Judicial, de amedrentar a los medios. Eso es evidente y, en ese sentido, las reacciones de la gente cuando estos casos se hicieron conocidos, cuando se quería tomar canal 4 y canal 5, la opinión pública estuvo 70% en contra.

Por otro lado, está también la labor de los procuradores. Algunos tienen serios cuestionamientos, han sido abogados de la Caja Militar e investigan la Caja Militar, abogados involucrados en el caso Tijeros, en el caso Hayduck, otros supuestamente ligados al MRTA, etc. Como muy bien dijo una abogada, muchos de estos casos son políticos, pero no legales, o si se prefiere, anticonstitucionales. Inclusive hay gente en prisión acusada de peculado, cuando éste es un delito aplicable sólo a funcionarios públicos.

¿Cómo es posible que el doctor Bedoya estuviera preso, si el juez instructor le pide la extensión de plazo a la Corte Superior porque dijo que hasta ahora no conseguía las pruebas? Entonces, ¿cómo pudo haber metido preso a alguien sin pruebas?

El problema es grave, se está manejado políticamente los asuntos legales. Yo no sé cómo el Poder Judicial ha permitido que se maneje políticamente, por ejemplo, el caso Chumpitaz, en el que nadie puede probar nada.

Todos los gobiernos, inclusive el fujimorismo, han tratado de manipular a los medios. Sólo basta recurrir a los vídeos. Ahora se trata de hacer de otra forma, ya no con maletines llenos de dólares sino con notificaciones judiciales y con procuradores que no cumplen bien sus funciones, procuradores digitados.

Alcides Chamorro Balvín
(Congresista del FIM y Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso)

«Primero, es imprescindible entender que la libertad de expresión es la columna vertebral de todo sistema democrático y todos estamos en la obligación de defenderla. Creo que sí existe una plena libertad de expresión en el país, aunque ha habido algunos hechos -que queremos pensar son aislados- de pretender coaccionar y pretender cambiar la línea editorial de algunos medios de comunicación. En todo caso, estas acciones aisladas no responden, como en el gobierno anterior, a todo un plan del gobierno para intervenir a los medios de comunicación, a través del dinero, como se ha visto en los vladivideos.

En el caso de los jueces anticorrupción, ellos actúan de acuerdo a su criterio de conciencia, como todo magistrado, de causas que se someten al órgano jurisdiccional que, en todo caso, son responsabilidad de los magistrados que integran el Poder Judicial.

Yo veo en este gobierno, por lo menos una intención de respetar la libertad de expresión. Sin embargo, no dejó de resultarme grosera, por ejemplo, la actitud del ex asesor presidencial, Salomón Lerner, de pretender chantajear a los propietarios de un medio de comunicación para cambiar su línea editorial, por eso quiero pensar que se trata de algunos hechos aislados, como de ese caso en concreto».

Judith De la Mata Fernández
(Congresista del APRA y miembro de la Comisión de Justicia del Congreso)

«Respecto a la denuncia y al proceso que se sigue al señor Escardó, me parece que es excesiva y no está de acuerdo a nuestras normas legales, porque al él se le está inculpando de delitos que no le corresponderían por no ser funcionario público. Asimismo, no se podría decir que ha cometido asociación ilícita para delinquir en la época de Fujimori, pues vemos que en muchísimos números de su revista hizo serias críticas al régimen anterior e hizo investigaciones que involucraban a funcionarios del poder en la época de la dictadura.

También hemos visto que, cuando Alejandro Toledo subió al poder y cometió errores, la revista, recogiendo el pensamiento de la mayoría de ciudadanos, informó sobre estos sucesos, que luego fueron temas de debate nacional. Entonces, ahora pareciera que el gobierno trata de coaccionar la libertad de expresión, dejar como un mensaje «si tú me atacas o publicas mis errores, de alguna forma voy a coaccionarte», lamentablemente, a través del Poder Judicial.

En este Poder del Estado se han visto casos injustos de denuncias infundadas, y eso es lamentable, porque nosotros creíamos que, después de la caída de la dictadura y el inicio de un gobierno democrático, el Poder Judicial iba a cambiar, pero muchos de los funcionarios e incluso magistrados que han estado con Fujimori hoy en día se están prestando, también parece, a presiones de este gobierno».

Daniel Robles López
(Congresista del APRA y presidente de la Comisión de Salud, Población y Familia del Congreso)

«Para acusar a una persona, a un ciudadano, independientemente de quién se trate, deben existir pruebas fehacientes que orienten a demostrar que esta persona esta involucrada en tal o cual delito. De no ser así, estaríamos frente a una persecución para tratar de acallar las manifestaciones en contra del gobierno, lo cual sería realmente lamentable, ya que los periodistas, tienen el derecho y el deber de informar a la comunidad y orientar a la opinión pública referente a hechos concretos, a hechos graves que puedan estar afectando la democracia en el país. Yo tengo la mejor de las opiniones de la revista GENTE, la leo desde hace muchísimo tiempo y he podido observar que la línea periodística del medio es políticamente independiente aunque, como todo medio, inclinará su opinión a un lado u otro, pero siempre con transparencia. Aún así, no puedo dar una opinión sobre determinado proceso se le siga a un empresario, porque eso le compete al Poder Judicial. Lo que yo quiero manifestar es que, si se quiere hacer alguna acusación, deben haber pruebas contundentes, caso contrario, estaríamos hablando de una persecución. Peor aún, tomando en cuenta que no existe una total e irrestricta libertad de expresión, me da la impresión de que hay cierta mordaza sobre algunos medios de prensa. Recientemente, hemos tenido el caso del diario “El Peruano”, que es el diario de toda la nación, que siempre ha tenido una línea un poco inclinada hacia el Ejecutivo, pero que en esta oportunidad se pasó de la raya».

Rafael Rey Rey
(Congresista de Unidad Nacional y miembro de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso)

Es evidente que hay una serie de indicios que llevan a pensar o a sospechar que este gobierno una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. El gobierno de Toledo, por distintas formas, está tratando de silenciar a una serie de medios que no le son afines y no son simpatizantes con él. Tenemos casos que ya son escándalos públicos y lamentables y no tengo ninguna fe en este gobierno. Lo he dicho siempre, para mí no ha sido una decepción, yo sabía, cuando Toledo fue elegido, que sería una situación muy seria para el país porque no cumpliría ninguna de sus propuestas demagógicas. Sabía, porque lo conozco de años, que no tenía ninguna preparación ni ninguna capacidad para ser Presidente, sabía que no tenía ningún programa de gobierno y sabía que tiene actitudes de revancha contra todos los que considera que son sus enemigos, y considera así a aquellos que no coinciden siempre con él”.

José Luis Delgado Nuñez del Arco
(Congresista del APRA y vicepresidente de la comisión de Justicia del Congreso)

En el Perú, en la etapa por la que pasamos, se hace indispensable respetar la libertad de expresión. Haría muy mal el régimen de Alejandro Toledo en continuar la misma metodología del fujimorismo de intervenir o tratar de silenciar a los medios de comunicación por medio del Poder Judicial. En el caso específico de GENTE creo que se está haciendo una cacería de brujas. A Escardó se le pretende culpar de un asunto del que no es responsable, y lo digo con toda sinceridad. El Director Gerente de GENTE en ese tiempo no era Escardó, era otro ciudadano y, legalmente, nosotros tenemos que actuar no por capricho ni por cacería de brujas, sino conociendo quién era el que manejaba la revista en ese entonces. ¿Era Escardó? No. Entonces, yo creo que debe investigarse a las personas directamente involucradas y no dañar la imagen de una persona que ha dado muestras innumerables de rectitud y honorabilidad con personajes que en algún momento estuvieron caídos y que les brindó todo su apoyo cuando el fujimontesinismo arrasaba. Apoyó al propio Sofocleto cuando estábamos en la época de Alan García, lo ha hecho con muchos políticos de diferentes frentes, en sus momentos más difíciles, eso tiene mucho mérito y creo que con Enrique Escardó están cometiendo una injusticia. Desde aquí, le envío mi respaldo.

Gerardo Saavedra Mesones
(Congresista de Perú Posible y miembro de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso)

Así como hay libertad de expresión, existen también restricciones para aquellas personas que acusan sin motivo ni pruebas a otras, incurriendo en delitos de calumnia y difamación. Eso ha sucedido siempre, lo que no descarta que existen errores al momento de administrar justicia, pero el aspecto jurisdiccional ya lo ven los jueces o los fiscales. Lo cierto es que, cuando una persona, por ejemplo, miente al país, crea falsas expectativas, entonces, la prensa es un gran fluido para que la opinión pública tome conciencia y un criterio de lo que está sucediendo, independientemente de la persona y el cargo que ejerce. Estas cosas suceden en un país democrático. Debemos tener paciencia, calma, justamente en estos momentos graves que viven muchos gobiernos democráticos, cualquier persona que desea denunciar algún acto irregular debe poder hacerlo. En otros tiempos, tal vez no existían las garantías para denunciar hechos de corrupción porque la prensa estaba coactada, manipulada, pero ahora existe una política de entendimiento en el que se revisan todos los casos de presuntos malos manejos, incluso de la misma administración de justicia. En el caso de GENTE, yo no encuentro absolutamente argumentos para difundir un criterio válido, cuando la verdad es que ese tema le corresponde sólo a los jueces y los involucrados. Sin embargo, si el juez es quien comente prevaricato o irregularidades en su administración, debe someterse entonces a los organismos internacionales de derecho activo.

Rómulo Fernández
(Cormyep)

Tengo que saludar la capacidad de hacer periodismo de la revista GENTE, en un marco de realismo, con decisión, sin condicionamiento -hasta donde yo he visto y conozco- y debo destacar que fue la revista GENTE quien nos dio una amplia cobertura en octubre de 1998, cuando hicimos el primer cierra puertas del sector calzado de 5 mil establecimientos en Lima y Trujillo, y nosotros íbamos directamente denunciando a la mafia enquistada en el gobierno de Fujimori, en ese entonces practicado por el contrabando, incluso por altos funcionarios del gobierno. Y fue la revista GENTE uno de los principales medios que nos dio una amplia cobertura. De ahí hasta donde conozco nadie ha podido comprarlo y, como consecuencia, creo que nadie podrá callar a un medio de comunicación que maneja las cosas claras y transparentes. No se debe confundir los problemas que pueda haber de un periodista o de una persona frente a un medio de comunicación que es un vocero dentro de una sociedad, y muy bien ganada en sus 44 años de existencia. Yo creo que el Poder Judicial es un poder autónomo y espero que actúe con la mayor prudencia porque esto quedará en la historia que revisarán nuestros hijos y la sociedad que viene podrá observar las acciones que hoy podamos desarrollar las autoridades en su espacio, los medios en su espacio, los empresarios y dirigentes en los suyos.

Elías Mendoza Harpesberger
(Presidente del Club de La Unión)

Conozco desde hace muchos años a Enrique Escardó y tengo el mejor concepto personal de él y su conducta, por tanto, espero que, al término de este proceso judicial, su situación se vea totalmente esclarecida y esperamos, de forma favorable.

La libertad de prensa es esencial para la convivencia ciudadana y el imperio de la justicia en un Estado de Derecho, razón por la cual, como abogado que he sido durante muchos años y continúo siendo en la actualidad de importantes medios de comunicación peruana, estoy convencido de que la ciudadanía será vigilante de que todas las medidas que se dicten en dirección para combatir la corrupción no estén eventualmente acompañadas de intenciones colaterales de restricciones a la libertad de prensa, la cual debe imperar en el Perú.

En cuanto a las salas anticorrupción, creo que en toda actividad humana existe un razonable margen de error, de manera que, sin estudiar caso por caso, a título de reflexión general, estimo que pueden haber errores o excesos por parte de estas instancias judiciales que, de estar produciéndose, deben ser objeto de inmediata corrección por los órganos competentes y, desde luego, bajo la severa vigilancia de la sociedad civil.

Álvaro Ulloa
(Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo y Asistencia Social - INDAS)

Creo que la libertad de expresión sí está peligrando, porque muchas personas creen que traerle paz al gobierno democrático es desinformarlo de lo que sucede realmente en el país. Este gobierno, elegido de manera indiscutiblemente soberana, no puede afianzarse acallando a los medios de información, dañando la libertad de expresión.

Los miembros del Poder Judicial tienen la suficiente capacidad para poder entender que no se está trabajando en un seguimiento eminentemente legal, no se puede simplemente ser un juez y estar a la expectativa de las presiones del gobierno e incluso de la opinión pública para ganarse el respaldo del Presidente y la población. Vivimos en un Estado de Derecho, puede ser muy respetable la opinión de la fiscalía anticorrupción y de dictaminar lo que haya creído conveniente, pero en el proceso con la revista GENTE se deben aclarar con notas puntuales la realidad de los hechos. Creo que es bueno aplicar justicia sin apasionamientos y sin crear enemigos donde no existen.

Conozco la trayectoria de Enrique Escardó y los recientes 44 años de la revista. Es difícil hacer patria cuando se trabaja con rencores y venganzas. Se debe llegar a la gran reconciliación nacional, pero esto no significa ocultar faltas o culpables sino que existen cosas que son meramente administrativas y, si yo he tenido un mal empleado, no puedo pagar sus culpas ni puedo conocer a cabalidad sus pensamientos y, sobre todo, sus acciones ocultas. Esta gran discusión sobre la responsabilidad de las acciones es lo que debe verse en el Poder Judicial. Por lo pronto, se debe apoyar a dos grandes amigos, al doctor Alejandro Toledo, para que gobierne con lucidez un país que ha sido devastado por diez años de corrupción y a un amigo que lucha en un ideal de libertad de expresión sin ataduras, nos guste o no. Nuestra institución va a pedir que se respalde al señor Enrique Escardó en un proceso limpio, claro y justo, porque, de lo contrario, estamos a las puertas de un nuevo gobierno que no quiere escuchar.

Luis Lescano Saenz
(Abogado)

Lo único que puedo decir es que el origen de todo esto es el tema de la nacionalidad del señor Ivcher y, en este aspecto, ya hubo un procedimiento judicial a raíz de una querella que el señor Baruch Ivcher presentó contra Escardó y en la que el Juez, en ese momento, al emitir sentencia, rescató el principio de la libertad de prensa y del derecho a informar de un medio de comunicación respecto de un hombre público y de hechos públicos, como era el tema de la nacionalidad, y que ese Juez consideró de que el derecho a la libertad de prensa, opinión y de expresión estaba por encima de los derechos particulares.

Gastón Barúa
(Alcalde de San Isidro)

Yo creo en la libertad de expresión, pero tiene que haber una gran responsabilidad social, porque quienes reciben esta información, pueden distorsionar una verdad que atenta contra la dignidad de las personas, contra la honorabilidad de las familias. En este caso, no creo que haya sucedido tal cosa, pero esto es un momento propicio para recordar que depende de ustedes, el cuarto poder, para que este Perú salga de esta actividad circense y se proyecte en una dimensión de desarrollo sostenido y sustentable. No más factores negativos, hagamos un corte olvidando lo pasado y proyectémonos para ver la posibilidad de un proyecto nacional de desarrollo actualizado, y el desarrollo regional por grandes espacios macro económicos regionales. Comulgo, entonces, con libertad de expresión, pero con responsabilidad social, que es lo más aconsejable para que el Perú que trate de lograr serenamente el desarrollo.

Padre Salomón Bolo Hidalgo

Con mis 44 años de periodista, Premio Nacional de Periodismo y Secretario General de ANAPRENSA (Asociación Nacional de la Prensa no Diaria), no puedo menos que hacer llegar mi plena solidaridad con GENTE y mi condena frente a los enemigos de la libertad de prensa que atacan indebidamente a «la revista de la gente inteligente».

Es bueno recordar a esos mafiosos que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la plena libertad de prensa y de expresión, y el artículo 2- inciso 4, de la Constitución Política del Perú, señala claramente que quienes obstaculizan la libertad de prensa «cometen delito». Por consiguiente, los que están atacando a la revista GENTE, acudiendo a leguleyadas o maniobras propias de dictadores, «son delincuentes».

Demandamos, pues, respeto a la libertad de prensa y que no se acuda a la cobardía y al chantaje de no dar avisos del gobierno a quienes criticamos lo malo y aplaudimos lo bueno sin sectarismos y sin adulaciones.

Un abrazo para Enrique Escardó y a seguir luchando por la Justicia, por la Verdad y por el progreso integral de nuestro querido Perú.

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