'Estamos en condiciones deplorables'
Presidente de la Corte Superior de Lima

Cuando está a punto de iniciarse -probablemente en la Base Naval del Callao- un megaproceso inédito en la historia peruana, el doctor Sergio Salas Villalobos, Presidente de la Corte Superior de Lima, califica de «deplorables» las condiciones en las que deben trabajar los jueces, debido a las carencias presupuestales, que no han sido subsanadas con la reciente partida aprobada. En el curso de una extrevista exclusiva con GENTE, Salas abordó otros temas, entre ellos, las polémicas declaraciones del Cardenal Cipriani, el caso Chavín de Huántar y la necesidad de una reforma judicial.

¿Cuál es su comentario respecto a las declaraciones del Cardenal Cipriani sobre la manera en que se están llevando adelante los procesos anticorrupción?

Debe primero aclarar si habla a título personal o como representante de la Iglesia. En cualquier caso, creo que el tema es netamente judicial y debe quedarse en ese terreno. Si él está opinando como un prelado, evidentemente, uno de las dogmas de la doctrina cristiana es precisamente el perdón, pero estamos hablando de un tema judicial, entonces, creo que la comparación no es apropiada y tiene que ver también con lo que es la autonomía del Poder Judicial. Es importante también la reacción que ha tenido monseñor Bambarén en ese mismo tema, respecto a que debe permanecer en el terreno judicial.

¿Lo considera, en todo caso, una interferencia en las funciones judiciales o una opinión que representaría quizá algún tipo de sentimiento de algunos sectores respecto a la manera cómo se están llevando a cabo estos procesos?

Me inclinaría por lo segundo, porque trasluce una opinión, entiendo personal. No quisiera interpretar que esto sea una interferencia sobre el Poder Judicial, porque, viniendo de quien vienen, estas declaraciones podrían crear algún conflicto social que a estas alturas no le conviene para nada al país. Por eso, yo prefiero mantenerlo en el lado personal y como una opinión de cualquier persona. No lo veo como representante de la Iglesia, porque ahí sí se generaría un conflicto inapropiado, inoportuno y totalmente imprudente en estos momentos.

El Cardenal Cipriani mencionó la necesidad de formar una comisión que viera los indultos. ¿Eso, desde un punto de vista judicial, en esta etapa de los procesos, es algo que está fuera de cualquier consideración?

Definitivamente, eso sí se consideraría como una interferencia a la función del Poder Judicial. Si están en etapa de investigación, si los procesos se están llevando con la adecuada apreciación de los principios del debido proceso y el derecho de defensa, entonces, hay que esperar a que los procesos concluyan. Él nos habla del caso de Héctor Chumpitaz y creo que nadie está poniendo en duda su honorabilidad como persona, pero él no ha cometido una falta sino un delito. Si fuera por una falta, estaría sujeto a otro tipo de procedimientos y ya no estaría en prisión. Pero, la tipificación que se le ha hecho es en base a un delito y la ley es exactamente igual para todos, sean deportistas, empresarios, religiosos, jueces, etc. Tienen que someterse también a los mismos principios de igualdad.

Justamente, el Cardenal Cipriani mencionó el caso de la falsificación de cartas y dijo que los responsables de tal calumnia están libres, es decir, lo mencionó como que hay una especie de falta de equidad, que la Justicia no estaría siendo todo lo ciega que debería ser...

Lo que pasa es que los casos penales se impulsan por acción del Ministerio Público y en base no solamente a indicios sino también a pruebas referenciales para iniciar un proceso penal o investigatorio. No es que el Poder Judicial actúe de oficio en el sentido de que promueve las acciones penales, las promueve el Ministerio Público, previa etapa investigatoria. No creo apropiado que se responsabilice solamente al Poder Judicial porque no están todos los que deberían estar. El Poder Judicial no denuncia, simplemente formaliza un proceso.

Juristas como Javier Valle-Riestra, entre otros, opinan que toda la estructura de los procesos anticorrupción estaría colisionando con algunos derechos constitucionales. Se argumenta que los jueces anticorrupción violan la Constitución porque constituyen una desviación del juez natural. Además, que se acusa con figuras impropias, como peculado, que solamente puede aplicarse a funcionarios públicos. Esto, sumado a hechos como, por ejemplo, el audio de Lerner -en el cual se deja entrever injerencia política en decisiones judiciales-, conformarían el contexto en el cual aparecen las declaraciones de Cipriani...

A mi modo de ver, no hay ninguna violación a ninguna norma constitucional, no se está desviando la jurisdicción natural. Esto no es ninguna novedad, en otros sistemas judiciales también se han implementado. En España, por ejemplo, y también en Italia, en los años 70’ y 80’, cuando se juzgó a la mafia italiana, se implementó este tipo de sistema.

En ningún momento se ha violado una norma constitucional, porque los jueces anticorrupción tienen su razón de ser en atención a la carga procesal. Son jueces especializados en lo penal, entonces, no hay desvío absolutamente de la jurisdicción, y más aún si es que están actuando conforme a las normas procesales vigentes. El debido proceso se está cumpliendo, el derecho de defensa se está cumpliendo. Lo que pasa es que el sistema social, judicial, legal y político peruano es muy frágil, porque siempre se emiten opiniones críticas que pueden interpretarse más como presión. En otros sistemas, por ejemplo en Chile -he tenido la oportunidad de estar allí en las últimas semanas-, el respeto que hay hacia las decisiones del Poder Judicial es realmente loable, es la cultura judicial de un país desarrollado, lo que nos falta aquí.

¿Eso significa que efectivamente hay intentos de presionar al Poder Judicial?

Definitivamente. Por ejemplo, he escuchado a un vicepresidente del Congreso declarar que respalda la posibilidad de nombrar una comisión de reconciliación para ver el tema de indultos o amnistías de los procesados por corrupción. Eso ya es una señal de interferencia, son procesos que están en marcha. No podemos consolidar el Poder Judicial si es que no se le deja trabajar y mediante una sentencia se concluya un proceso con todas las garantías. En todo caso, si se cree políticamente que hay la necesidad de favorecer a ciertas personas, que esperen a que los procesos sean sentenciados, porque la sentencia contiene un razonamiento lógico jurídico que determina la responsabilidad de una persona. No se trata de un juego. Quien entra al Poder Judicial no está jugando, está sometido a las reglas constitucionales del debido proceso y eso es igual para todos.

¿Descarta entonces la posibilidad de que eventualmente las sentencias de los juzgados anticorrupción puedan ser impugnadas en cortes supranacionales?

Eso, a mi criterio, puede quedar descartado. Hay antecedentes, como le repito, de otros sistemas judiciales más avanzados que el peruano. Se alega la violación o la alteración de ciertos derechos que serán el derecho de los que están procesados, sin embargo, aquí hay principios que están por encima de estos intereses particulares, principios del interés común, que es precisamente el resultado de la sentencia.

Usted ha mencionado un viaje a Chile. ¿Podría detallarnos qué actividades cumplió allí?

Fuimos invitados por el Centro de Estudios Judicales de las Américas, que congrega a los sistemas judiciales de Latinoamérica, Centro y Norte América, España y el Reino Unido. Y el Perú, a través de mi persona, tuvo la posibilidad de presentar una propuesta respecto a reformas judiciales y cuáles son las alternativas de una nueva etapa de reforma judicial. Recibimos un comentario muy positivo por parte de la mesa directiva y de todos los integrantes. Aquí, en cambio, se nos critica duramente. Los peruanos no somos capaces de ver en este momento todas las potencialidades que hay en el sistema judicial para salir precisamente del embrollo en el que nos encontramos. Sin embargo, internacionalmente se nos ve como un país que está en posibilidades de plantear un proceso de reforma sumamente importante y agresivo si se quiere. Es decir, requerimos del apoyo interno, porque apoyo externo creo que lo tenemos.

Respecto a ese apoyo interno, quedó -en opinión de muchos- bastante claro, en la reciente ceremonia pública, la existencia de discrepancias entre las propias autoridades judiciales...

Yo simplemente estoy cumpliendo una gestión que me ha sido encomendada por los vocales superiores del distrito más importante del Perú, y es un cargo plenamente obtenido por ejercicio democrático. No debo el cargo -digamos- a antigüedades en el mismo, sino a la voluntad de mis colegas. Yo tengo una responsabilidad y, si esa responsabilidad significa una autocrítica del sistema, tengo la obligación, porque finalmente tengo que rendir cuenta a los jueces que me han elegido, y mi conducta personal y profesional siempre ha sido dedicarme a mi función de una manera clara y transparente, así he sido educado. Creo que esos son los principios que se han perdido en el Perú y que intentemos recuperar. Yo no tengo ningún afán de enfrentamiento absolutamente con ninguna autoridad judicial, pero eso no limita que podamos ejercer nuestro derecho democrático y decir que las cosas no están yendo bien en el Poder Judicial.

En referencia a las carencias presupuestales, se anunció una partida. ¿Es suficiente? Porque el cuadro que pintó usted era bastante dramático.

Se ha aprobado cerca de 70 millones el día de ayer (lunes). Se ha aprobado la transferencia de partidas de dinero repatriado a favor del Sexto Juzgado Penal Especial, del juez Saúl Peña, y del Segundo, de la doctora Jimena Cayo. Ya ingresó al Tesoro para ser distribuido. Justamente, antes de dar esta entrevista me he reunido con el Consejo Consultivo y hemos hecho los cálculos de un presupuesto para esta Corte; estamos hablando, en gastos mínimos, de 117 millones de soles al año, eso para funcionar -como se dice- al día, sin considerar cambios de equipo, reestructuración, reingeniería o ampliaciones, y no tenemos esa cantidad...

¿Y ese déficit en qué medida va a afectar la marcha de los procesos, digamos, normales y de esta carga procesal que significan los juicios anticorrupción?

Limita en extremo, porque el hecho de no contar con implementaciones logísticas mínimas perjudica el diario trabajo de los juzgados. Por ejemplo, una audiencia se puede postergar porque no hay papel para transcribir las actas o no hay tinta para imprimir las mismas. Eso nos parece un contrasentido. ¿Cómo se va a postergar una audiencia judicial porque no tengo los implementos básicos? Cosas como esas son las más anecdóticas que podemos dar a conocer. En esas circunstancias no podemos trabajar.

Se demoró bastante en obtener esta partida, seis meses o incluso más.

Iniciamos los reclamos a partir de enero, y en mayo pedimos la suspensión de actos procesales, porque así no se podía trabajar. Se nos dice que debemos trabajar con lo que tenemos, pero no tenemos nada. En consecuencia, bajo esa premisa, no podemos trabajar.

Esta partida que ha demorado casi ocho meses en ingresar y de hecho se va a constituir en el único presupuesto que van a tener hasta el próximo año...

Hasta diciembre sí. Vamos a llegar con las justas. Los presupuestos se sustentan en octubre en el Congreso. Estamos prácticamente a un mes de eso y no vemos ninguna señal en la administración central para replantear los montos asignados para este año y tampoco ningún interés en ver qué sistema de modificación de todo el aparato jurisdiccional se requiere. Las condiciones en las que estamos en este momento son deplorables, no estamos diciendo que son medianas o mínimas, son deplorables. Entonces, los cálculos presupuestales que se están haciendo son únicamente para mantener un status quo, pero no para mejorar, y eso nos preocupa bastante.

Efectivamente, se requiere de una reforma que, además, ayudaría un poco a mejorar la imagen judicial ante los ojos de la ciudadanía, que, según las encuestas, sigue teniendo una opinión bastante desfavorable de este poder del Estado...

Definitivamente. Tenemos, con estas puertas que hemos abierto a nivel internacional, muchas entidades interesadas en apostar por una auténtica reforma en el Poder Judicial, y también internamente. Lo ha anunciado el Presidente Toledo en su mensaje a la Nación, en el sentido de que propone un debate de la reforma del Poder Judicial y el hecho de no haber promulgado la ley orgánica es saludable, porque esa ley está, en primer lugar, mal proyectada y no se podía conseguir de que la reforma del Poder Judicial se base en una ley mal proyectada.

¿Usted está de acuerdo con el rechazo del Ejecutivo a ese proyecto?

Estoy de acuerdo con que no se haya promulgado, definitivamente.

¿Cuáles son, a su juicio, los componentes que debería tener una ley adecuada?

En primer lugar, descentralización. Ese proyecto no descentralizaba las cortes. Son 27 cortes con realidades distintas y el modelo de Lima no se puede aplicar a Iquitos, o el de Puno no puede adecuarse a Tumbes. Tampoco estamos de acuerdo con una Corte Suprema descentralizada, porque la tendencia mundial en estos momentos es reducir las cortes supremas. Bajo el lema de llevar la Justicia a los lugares más alejados se hace una mala interpretación de lo que es descentralización de los juicios. Es más fácil mantener un criterio judicial uniforme en el sistema judicial nacional con una corte pequeña, porque solamente van a ver asuntos de orden constitucional y de trascendencia nacional. La alternativa es repotenciar las cortes superiores como última instancia y así se está regionalizando la Justicia.

¿Hay en este momento algún órgano competente dentro del Poder Judicial que esté reformulando este proyecto o tratando de preparar una alternativa que pueda alcanzarse al Legislativo?

En la Corte de Lima hemos preparado un documento, no como cuerpo de ley porque no somos legisladores, simplemente con la temática innovativa de lo que vendría a ser una nueva organización de un sistema judicial. Incluso, proponemos un cambio de la estructura orgánica, organizacional. Actualmente es de tipo piramidal, donde hay jerarquías, y las jerarquías generan obediencia, eso ya es del siglo pasado. Estamos proponiendo lo que se usa en todas las organizaciones modernas, que son las organizaciones de tipo plano, cargos en base a la función y no en base a jerarquías. Debemos reconocer que aquí no hay una auténtica carrera judicial. Aquí se entiende por ascensos: soy juez, pero quiero ser vocal, porque voy a ganar más, y quiero ser supremo porque voy a ganar mucho más. Eso no es carrera judicial, carrera judicial es permanencia en el tiempo y en la atención a los años de servicio.

En Estados Unidos, por ejemplo, un juez de primera instancia, en muchos casos, gana más que un vocal supremo, porque tiene más años de servicio y más bonos y se diferencian en la función al cargo que están desempeñando. Uno es de juzgamiento, otro de apelaciones. Entonces, no hay esa obediencia jerarquizada. Hay una investidura que se respeta, pero hay esa delegación democrática en la función de cargo.

¿Estos elementos que usted acaba de mencionar están sugeridos en el proyecto que menciona?

En efecto.Creo que el Perú, como sociedad, no está preparado para este tipo de organizaciones, pero eso no quita que se revise los criterios de acceso a la carrera judicial. Creemos que deben de revisarse y, si es que no se opta por este cambio, si no se da una innovación traumática que rompa muchos paradigmas, podemos llegar a ellos mediante un cambio paulatino, lo que también se ha propuesto en este documento.

Pasando a otros temas, ¿la reciente decisión de trasladar el caso Chavín de Huántar a la justicia militar le merece algún comentario?

Aquí observo dos posiciones. Una, que se trata de un tema de violación de derechos humanos y la otra, que es asunto de competencias. Es decir, se ha hecho un análisis y se ha determinado que es una acto militar, en consecuencia prevalece allí el criterio de la competencia. Ésta es una teoría también que defiende de algún modo Javier Valle-Riestra en algunos tratados que él ha hecho. Son dos posiciones. Yo no tengo ningún comentario al respecto, porque mañana se puede presentar una caso similar y yo, como juez, pueda tener este caso, entonces, no puedo decir en este momento por cuál me inclino. Simplemente identifico cuáles son las dos posiciones y, en este caso, la Corte Suprema ha optado por la segunda, la de la competencia.

Sobre el tema de los procesos anticorrupción, ¿se ha decidido ya dónde tendrán lugar?

La decisión final tiene que satisfacer dos aspectos: seguridad y juridicidad. Seguridad en cuanto a que no haya ningún riesgo o peligro de que se atente contra la vida, tanto de Montesinos como de los demás procesados y los jueces; y juridicidad para garantizar el debido proceso si es que se realiza el juzgamiento en una sede ajena al Poder Judicial. Cualquier falta de coordinación en el acceso a la sala de audiencias al público o a los abogados o procesados se podría interpretar como la violación al debido proceso y al derecho de defensa. Entonces, en tanto esas dos condiciones estén garantizadas, puede considerarse juzgarlo donde está actualmente, en la Base Naval.

¿Pero todavía no se ha tomado una decisión final?

Estamos recogiendo los últimos informes. Acabamos de recibir un informe del Instituto Nacional Penitenciario donde nos ratifica que no están en condiciones de brindar ningún tipo de garantía en el teatro Felipe Pardo y Aliaga. Eso es importante y hay que evaluarlo bien.

¿Cuándo se iniciarían los procesos y cuánto tiempo calcula que van tomar?

Estamos contra el tiempo, porque ya habíamos previsto más o menos treinta días. Creo que la Sala está esperando alguna señal para fijar la fecha de audiencia, que puede ser de inmediato, es decir, apenas tengamos alguna respuesta. Inmediatamente se haya definido el tema del local, la Sala fijará la fecha para el día más próximo.

Se había hablado en algún momento de una especie de acumulación por la naturaleza de los procesos...

Creo que hay un caso en el que ya se ha aplicado una acumulación, en el de los medios de comunicación o televisoras, me parece. Eso puede servir de indicativo para otros casos donde haya conexión de agentes y de hechos.

Por su complejidad, algunos juicios pueden extenderse hasta los cuatro meses más o menos. Hay que tener en cuenta que las audiencias pueden realizarse en forma diaria, pero también hay muchos aspectos que escapan a la atención de los jueces, como por ejemplo la notificación a terceros y, en procesos grandes y complejos, muchas veces no se tiene los datos exactos de la ubicación de ciertas personas y se hace más complicado el tema de las notificaciones. Pero, un promedio aproximado de un caso complejo es entre cuatro y seis meses.

En cualquier caso, usted garantiza a la opinión pública que se respetará el debido proceso sin ningún tipo de interferencias...

Definitivamente, eso está descontado. Ésa es la intención que me han demostrado los jueces encargados del juzgamiento y estamos precisamente demorando un poquito porque queremos garantizar eso. Queremos demostrar a la sociedad que la Corte Superior de Lima está en capacidad de afrontar este reto y de garantizar los derechos de cualquier ciudadano, sea Montesinos o cualquier otra persona.

¿Algo más que desee agregar?

Simplemente reiterar un llamado a la ciudadanía en el sentido de que es necesario reforzar la institucionalidad democrática de los poderes del Estado y, en lo que corresponde al Poder Judicial, respetando precisamente las decisiones judiciales. Creo que se ha avanzado bastante, no estamos todavía en la situación óptima, pero he escuchado a muchos congresistas y muchos líderes políticos lanzar a la sociedad el mensaje de que hay que respetar la decisión de los jueces, sea cual fuere, porque siempre hay mecanismos y procedimientos que pueden corregir errores judiciales. Lo importante es que se eviten presiones.

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